Fuente: EFE
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El paro indefinido convocado por el sector arrocero colombiano llegó este jueves a su cuarto día, con bloqueos activos en varias regiones del país y la expectativa puesta en la apertura de una mesa de diálogo formal con el Gobierno nacional. Los manifestantes reclaman mejores condiciones para competir frente a las importaciones, precios más justos y el cumplimiento de acuerdos pactados previamente.
Según la agencia de noticias EFE, la protesta ha generado afectaciones en los departamentos de Tolima, Huila, Córdoba, Meta, Casanare, Arauca, Sucre, Cesar, Santander y Norte de Santander, donde se concentran miles de pequeños y medianos productores. Desde el Comité Nacional del Paro, integrado por 22 representantes, reiteraron que no levantarán la movilización hasta lograr compromisos serios y con acciones de corto plazo.
El inicio de las negociaciones está previsto para este jueves, con la participación de los ministerios de Agricultura, Comercio e Industria y delegados de Hacienda. Los arroceros piden un diálogo real que atienda sus necesidades estructurales y no repita lo ocurrido en marzo, cuando se firmaron acuerdos que, según denuncian, no fueron cumplidos.
Reclamos del gremio arrocero al Gobierno nacional
Los productores de arroz aseguran que el negocio dejó de ser rentable. Estiman que, por cada hectárea cultivada, están perdiendo cerca de 2,8 millones de pesos debido a los bajos precios de compra, situación que está empujando a la quiebra a miles de familias. Cerca de 2,5 millones de personas dependen directa o indirectamente de esta actividad en el país.
Las principales zonas afectadas por esta crisis son los Llanos Orientales (Meta y Casanare) y la región centro (Tolima y Huila), donde se concentra la mayor parte de la producción nacional. El sector exige que se reconozca al arroz como un cultivo estratégico de importancia semestral, con medidas de protección efectiva frente a la competencia extranjera.
Contrabando, TLC y vigilancia: las respuestas del Estado
Entre las exigencias del gremio están la revisión urgente de los tratados de libre comercio (TLC), mayor control a la importación ilegal de arroz y una política de regulación real de la producción. También solicitan medidas para frenar el lavado de activos y la evasión en el sector agropecuario.
En respuesta, el Ministerio de Comercio anunció una estrategia intensiva de vigilancia en la frontera con Ecuador, que involucra a la DIAN, el ICA, la Policía y el Ejército. Esta operación busca frenar el contrabando de arroz y papa, productos duramente golpeados por el ingreso irregular de mercancía. Según datos oficiales, el 94 % del arroz consumido en 2024 fue de producción nacional.
