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El Ministerio de Hacienda confirmó que en los próximos días se hará oficial un nuevo aumento en el precio del diésel en Colombia, una medida que impactará directamente a un sector específico del parque automotor.
Aunque el anuncio ya fue realizado por el ministro Ricardo Bonilla, aún falta la expedición del decreto que fijará la tarifa actualizada por litro.
Aumento del precio del diésel: ¿quiénes pagarán más?
Este incremento en el valor del diésel no afectará a todos los usuarios por igual. Según lo señalado por el Ministerio de Hacienda, la medida solo impactará a los grandes consumidores de este combustible, como empresas privadas, buses intermunicipales y camionetas blindadas.
Los transportadores de carga, por su parte, quedarán exentos del alza, gracias a los acuerdos previamente firmados con el gremio.
La decisión busca cerrar la brecha entre el precio local del combustible y el precio internacional, una estrategia similar a la implementada anteriormente con la gasolina corriente.
Según el Gobierno, el objetivo es sanear el déficit del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC).
¿Cuánto subirá el litro de diésel y desde cuándo aplicaría?
Aunque aún no se ha expedido el decreto oficial, el ministro Bonilla explicó que el ajuste se hará en los próximos días y que el nuevo valor llevará el precio del diésel para estos grandes consumidores a niveles cercanos al precio internacional. Es decir, el galón podría alcanzar los $15.000, lo que se traduce aproximadamente $4.000 o $5.000 por litro.
El porcentaje del parque automotor afectado por este incremento representa alrededor del 28%, según cifras del propio Gobierno. La medida no solo responde a presiones fiscales, sino también a compromisos de largo plazo con organismos internacionales que exigieron reducir los subsidios a los combustibles fósiles.
¿Por qué el Gobierno de Gustavo Petro sube el diésel?
Desde el inicio de su mandato, Gustavo Petro impulsó una política de ajuste gradual de los precios de los combustibles. El argumento central es que mantener valores subsidiados representa una carga insostenible para las finanzas públicas, además de ir en contra de los compromisos medioambientales del país.
