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El Poder Judicial de Argentina desmanteló una organización criminal que operaba desde la finca "Karina" en Aguas Blancas, Salta, generando ganancias extraordinarias mediante un sistema de contrabando que funcionaba a plena luz del día.
Esta red, que movía cerca de 3,000 millones de pesos (AR) por año, había convertido una propiedad rural en un verdadero puerto clandestino sobre el río Bermejo, donde gomones cargados de mercadería cruzaban constantemente entre Bolivia y Argentina sin control.
La investigación, que culminó con la detención de once personas incluyendo una oficial de policía, reveló un esquema criminal de dimensiones impresionantes.
Además, las imágenes captadas por drones mostraron una realidad sorprendente: decenas de vehículos estacionados en la ribera del río mientras embarcaciones inflables transportaban bultos de mercadería en ambas direcciones.
Un sistema de "peajes" ilegales que generaba millones diarios
La organización había implementado un sofisticado sistema de cobros que garantizaba ingresos constantes. En el acceso principal a la finca, ubicada estratégicamente sobre la ruta nacional 50, cada vehículo debía abonar 2.000 pesos para poder ingresar. Una vez en la playa del río Bermejo, se aplicaba una segunda tarifa: 1.000 pesos por cada bulto de mercadería que se cargaba o descargaba de los gomones.
Con un flujo diario promedio de 300 vehículos, cada uno transportando aproximadamente diez bultos de mercadería, la recaudación por estos "peajes" ilegales alcanzaba los 3 millones de pesos argentinos diarios.
Pero las ganancias no terminaban ahí. La organización criminal había instalado seis puestos de comida dentro del predio, cuyos propietarios debían pagar 20.000 pesos argentinos diarios por el permiso de funcionamiento.
Operando seis días a la semana (los domingos permanecía cerrado), el negocio ilegal generaba ingresos totales de 3.720.000 pesos argentinos por día.
Según los cálculos realizados por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y la Dirección General de Aduanas, el movimiento económico anual de esta operación ascendía a 2.975.392.851,56 pesos argentinos.
Una estructura criminal perfectamente organizada
La red de contrabando funcionaba con una estructura jerárquica bien definida y roles específicos para cada integrante. La administración estaba encabezada por José Suárez, quien junto a los hermanos Francisca, Carmen y Jorge Cardozo, y Pedro Rivero, supervisaba todas las operaciones desde el ingreso de vehículos hasta la coordinación con los operadores bolivianos.
El cerebro de la operación desde territorio boliviano era Alfredo Salazar, hermano de Gladis Salazar, quien había adquirido la finca en febrero por 20 millones de pesos argentinos, una suma que no se correspondía con su perfil patrimonial. Esta transacción familiar había sido clave para establecer el control territorial necesario para la operación.
La presencia de María Laura Tintilay, una agente de la Policía Provincial con funciones en la Subcomisaría 9 de Julio de Orán, como encargada de uno de los puntos de cobro, demostró la capacidad de infiltración de la organización en las fuerzas de seguridad locales.
Su participación activa en el esquema criminal representó uno de los aspectos más graves del caso, ya que evidenció la complicidad institucional necesaria para que una operación de esta magnitud pudiera funcionar sin interferencias.
La tecnología como herramienta de investigación y evidencia
El desmantelamiento de esta red criminal fue posible por el uso de tecnología avanzada y técnicas de investigación modernas. La Fiscalía Federal de Tartagal, a cargo del fiscal Marcos Romero, implementó un operativo de inteligencia que incluyó vigilancia con drones, infiltración de un agente revelador y seguimientos sistemáticos durante varios meses.
Las imágenes aéreas captadas por drones fueron fundamentales para documentar la operación ilegal. Estos registros mostraron claramente el funcionamiento del paso clandestino: vehículos estacionados en formación sobre la playa del río Bermejo, gomones cruzando constantemente con cargamento, y el movimiento organizado de personas y mercaderías que evidenciaba una operación a gran escala.
El operativo final, ejecutado el 4 de agosto, movilizó a 170 efectivos de múltiples fuerzas: Gendarmería Nacional, Prefectura Naval Argentina, Policía Federal, Policía de Salta, Dirección General de Aduanas y ARCA.
La coordinación interinstitucional permitió el allanamiento simultáneo de la finca y otras propiedades en Orán, resultando en la detención de los once integrantes.
La jueza federal interina de Tartagal, Ivana Hernández, ordenó la prisión preventiva de todos los imputados y la clausura definitiva de la finca con consigna permanente de Gendarmería Nacional.
Los acusados enfrentan cargos por asociación ilícita y contrabando de importación agravado.