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El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció que restituirá el registro de visado a miles de estudiantes extranjeros cuyos permisos habían sido cancelados bajo el argumento de haber incurrido en alguna infracción. La comunidad educativa se verá beneficiada con esta iniciativa, dados los permisos legales que esta medida implica.

El gobierno de Donald Trump tomó la decisión de restituir las visas a miles de estudiantes extranjeros surge como respuesta a la avalancha de demandas y múltiples órdenes judiciales que la administración estadounidense ha enfrentado en tribunales federales. Se calcula que ya se presentaron más de cien demandas en 23 estados del país.

En más de la mitad de los casos, los jueces ordenaron reincorporar a los estudiantes afectados en el registro oficial, y otros tribunales se preparaban para dictar fallos en el mismo sentido.

Sin embargo, el Departamento de Justicia no considera el asunto cerrado. Las autoridades norteamericanas informaron que el ICE está desarrollando una nueva política en materia de visados estudiantiles.

¿En qué estado se encuentra la restitución de visas americanas?

Mientras la nueva normativa entra en vigor, los registros se mantendrán activos o serán reactivados, aunque advierte que, en el futuro, algunos estudiantes podrían volver a perder su visa dependiendo de los nuevos criterios.

Aun así, las autoridades han aclarado que no se revocará el estatus migratorio de ningún estudiante únicamente por faltas menores o por la existencia de cargos que ya hayan sido retirados.

¿Qué ocurrió con el visado de los estudiantes extranjeros en USA?

Los estudiantes que fueron afectados señalaron que las supuestas faltas por las que fueron eliminados del sistema de la Agencia de Control de Inmigración y Aduanas eran menores o incluso inexistentes. Según sus declaraciones, muchas de estas supuestas irregularidades correspondían a simples errores administrativos o a cargos que luego fueron desestimados por falta de fundamentos.

La comunidad educativa sostiene que la medida tuvo un trasfondo político, interpretándola como un acto de represalia por haber participado en protestas pacíficas contra el gobierno.

La administración de Donald Trump, por su parte, defendió su decisión, argumentando que tenía autoridad para excluir del sistema SEVIS a quienes presentaran antecedentes penales o incumplieran con las condiciones estipuladas por la visa F-1. Estas condiciones incluyen:

  1. Estar debidamente inscritos
  2. Asistir a clase
  3. Mantener un rendimiento académico aceptable y respetar las normas de convivencia.

Ante esta medida, muchos estudiantes recurrieron a los tribunales, temiendo ser deportados o verse obligados a abandonar el país sin poder concluir sus estudios. Desde el inicio del gobierno de Trump, se cancelaron más de 4,700 registros en SEVIS, en numerosos casos sin que se ofreciera una explicación clara.