El proyecto ferroviario más ambicioso del último sexenio vuelve a quedar en el centro del debate nacional. Un juez federal emitió una resolución que impacta directamente en el tramo más polémico del Tren Maya: el que conecta Cancún con Tulum y atraviesa el corazón ecológico de la Riviera Maya. No se trata de una suspensión total de la obra, pero sí de una decisión que cambia las reglas del juego. Después de múltiples denuncias de ambientalistas, científicos y comunidades locales sobre posibles daños a la selva y al sistema de ríos subterráneos, un tribunal determinó que la vigilancia ambiental no puede seguir siendo superficial ni burocrática. A partir de ahora, la supervisión deberá ser estricta, constante y presencial. La resolución llega en un momento clave: el tren ya opera en varios tramos, pero sigue acumulando litigios, cuestionamientos financieros y críticas por su impacto ecológico. El fallo judicial no detiene el proyecto, pero sí coloca bajo presión directa a las autoridades encargadas de garantizar que se cumpla la ley ambiental. La decisión judicial obliga a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) a realizar inspecciones físicas permanentes en el tramo Cancún–Tulum. Ya no bastarán revisiones en papel ni reportes administrativos firmados desde oficinas en la Ciudad de México. El mandato es concreto: Además, el juez advirtió que el incumplimiento podría derivar en sanciones administrativas, multas económicas e incluso responsabilidades penales para funcionarios. En otras palabras: la supervisión ambiental dejó de ser un trámite y se convirtió en una obligación bajo vigilancia judicial. El tramo Cancún–Tulum no es un segmento cualquiera. Cruza una de las zonas más delicadas del país desde el punto de vista ecológico. Bajo el suelo existe un vasto sistema de ríos subterráneos interconectados, considerado uno de los más extensos del mundo. Es la principal fuente de agua dulce para la región. Cualquier perforación mal ejecutada, vibración estructural o derrame podría generar daños irreversibles, ya que el agua circula bajo tierra y conecta distintos puntos a kilómetros de distancia. En la superficie, la obra atraviesa selva tropical donde habitan especies emblemáticas como el jaguar, el mono araña y el tapir, además de aves y flora en riesgo. Especialistas advirtieron que el terreno kárstico —caracterizado por cavernas y suelos porosos— exige estudios profundos y monitoreo continuo. La resolución judicial reconoce implícitamente que el riesgo ambiental es real y que la vigilancia no puede relajarse. Colectivos y organizaciones que promovieron recursos legales celebraron el fallo como un avance importante. Durante años documentaron presuntas irregularidades: tala acelerada, trabajos sin supervisión suficiente y posibles afectaciones a humedales y patrimonio natural. Sin embargo, también advirtieron que el verdadero desafío comienza ahora. Una orden judicial en papel no garantiza que se cumpla en la práctica. Por ello, anunciaron que vigilarán de cerca las acciones de la Profepa y que, si detectan omisiones, volverán a tribunales. El conflicto ambiental es apenas una parte del panorama. El Tren Maya enfrenta múltiples litigios activos, ajustes presupuestales y cuestionamientos sobre su viabilidad económica. Datos oficiales muestran que su operación depende fuertemente de subsidios públicos, mientras los ingresos por venta de boletos están por debajo de las expectativas iniciales. A esto se suman reportes de incidentes operativos y reclamos de comunidades por procesos de expropiación. El debate ya no se limita a si el proyecto era conveniente en teoría. La discusión gira en torno a su ejecución: si cumple con la ley, si protege el entorno natural y si será sostenible en el largo plazo. La resolución judicial no paraliza el Tren Maya, pero sí marca un punto de inflexión. El tramo más sensible del proyecto queda ahora bajo lupa legal permanente. Y, por primera vez desde que comenzó su construcción, las autoridades ambientales enfrentan la advertencia directa de un juez: cumplir la ley no es opcional. El Tramo 5 del Tren Maya es el segmento que conecta Cancún con Tulum, en el estado de Quintana Roo. Se localiza en el norte de Quintana Roo, dentro de la zona turística conocida como la Riviera Maya. Cruza áreas de selva, desarrollos urbanos y zonas cercanas a cenotes y sistemas de ríos subterráneos. Tiene aproximadamente 67 kilómetros y está dividido en dos subtramos: