El sindicato Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) se quedó finalmente con el edificio del quebrado sanatorio Anchorena. La entidad ofreció 14,5 millones de pesos en la mejora de oferta del remate judicial celebrado ayer y convocado el 19 de octubre por el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial Nº 16, Secretaría 32. La base fue de $ 1,8 millones.

Pese a que la mayor cantidad de los 23 oferentes fueron brokers inmobiliarios –por tratarse de un predio ubicado en pleno Barrio Norte, donde escasean los terrenos– ninguno tuvo la intención de superar la elevada oferta del sindicato. Entre las firmas participantes más conocidas se destacan la desarrolladora IRSA y las firmas de medicina prepaga Swiss Medical y SPM (Tim, Galeno, Life y Amsa).

UPCN estuvo interesada en el Anchorena desde el comienzo del proceso. Junto con Swiss Medical, grupo que comanda Claudio Belocopitt, presentaron una oferta conjunta de 1,8 millones de dólares en la licitación por el remate judicial lanzada en noviembre 2001. Al haber sido las únicas interesadas, la intención de la sociedad fue mantener el precio bajo y negociar luego la división del predio.

Pero el estallido de diciembre de ese año y la posterior devaluación demoraron la llamada del juzgado para mejorar esa propuesta. Por un lado, UPCN y Swiss Medical decidieron pesificar su oferta, con lo cual la base quedó baja, según explica Juan Ulnik, coadministrador judicial del ex sanatorio. Las cosas se complicaron aún más porque dentro del edificio funcionaban la prepaga del Anchorena –Omega – y un laboratorio de análisis clínicos que alquilaba parte del predio. Ambas empresas quebraron posteriormente. “Esto demoró el proceso porque había tres jueces interveniendo y además se necesitaba que el edificio estuviera vacío para el remate , agrega Ulnik.

Apuestas

Recién cuando se llegó a un acuerdo entre juzgados, se llamó a la mejora de la oferta. Para entonces, la sociedad entre UPCN y Swiss Medical estaba rota, dado que Belocopitt no quería subir la apuesta inicial.

Los interesados presentaron sobres cerrados, que fueron abiertos ayer en la Sala de Audiencias del Tribunal. Se supo que IRSA ofertó $ 2,85 millones y que la propuesta más alta fue de $ 3,5 millones. Inmediatamente todos los oferentes tuvieron derecho a elevar su apuesta en un remate, con la condición de que cada una represente un mínimo del 5% sobre la otra. Tras las apuestas de las firmas Agul Oeste, Lomutti y López (que llegaron a $ 13 millones), el martillo se bajó con la intervención de UPCN, cuya obra social no tiene sanatorio propio.

Según Ulnik, el 100% de la suma estará destinada al pago de las deudas salariales, juicios laborales e indemnizaciones de los ex empleados del Anchorena, sus principales acreedores.

En 1995, la familia Palazzo, dueña del sanatorio, se vio obligada a decretar la quiebra, arrastrada por el cierre de APS, una obra social para personal jerárquico que le debía $ 18 millones.

La Clave (Pág. 13)