Una noticia publicada meses atrás en el Financial Times indicaba que, como resultado de acciones iniciadas por Brasil en la Organización Mundial de Comercio, la Unión Europea propuso fuertes recortes en los precios garantizados del azúcar para los productores de ese bloque, y los Estados Unidos redujeron también su apoyo a los productores de algodón en su país. La medida reforzó así la marcha de Brasil para convertirse en uno de los mayores productores agrícolas mundiales, al tiempo que abrió nuevas posibilidades para los productores vecinos. Uruguay podía hacer un planteo similar frente al subsidio del arroz de los EE.UU. y Argentina contra los de los productos lácteos de la UE. Pero lo más interesante es el procedimiento encarado por Brasil.
Actualmente cultiva 63 millones de hectáreas, pero tiene en la mira otros 170 millones a medida que progresa su avance hacia el oeste. En los últimos diez años duplicó su producción de azúcar creciendo a un promedio del 18%, y con exportaciones por u$s 2.300 millones domina un 29% del comercio mundial de azúcar, el doble de hace diez años. En algodón marcha más rezagado: su producción creció 12% en el mismo período, y con u$s 230.000 de exportaciones sólo participa con un 5% de las exportaciones globales, lo que para Brasil sólo significa un desafío mayor de crecimiento.
Probablemente el mayor interés de la noticia no reside en la magnitud y el impacto de estas cifras sino en el mecanismo utilizado. Como tantos otros países productores, Brasil ha sufrido por décadas el efecto de los subsidios y barreras con que los países desarrollados protegen a sus productores. Apenas algunos países de frica, el Pacífico y Asia logran atravesar sus barreras para acceder a los altos precios pagados en los primeros mercados, y esto sólo gracias a su condición de países muy pobres. El resto reclama desde hace años con mínimos éxitos.
En 1998, Pedro de Camargo Neto, un combativo ex funcionario del ministerio de Agricultura, propuso cambiar la estrategia y llevar los casos al panel de disputas de la OMC. Si bien la soja y sus derivados son veinte veces más importantes para la economía nacional que el algodón, eligió este caso porque el daño de los subsidios norteamericanos era mucho más obvio para plantear su caso. Y el del azúcar tenía el valor de balancear con otro caso con la UE.
El proceso fue largo, complejo y caro. Se formó un think-tank liderado por Marcos Jank, quien dirigió las negociaciones agrícolas de Brasil en el encuentro de la OMC en Cancún en 2003. Un equipo de economistas nacionales, apoyado por un grupo de académicos norteamericanos y un destacado estudio de abogados encararon un litigio que se prolongó siete años, durante los cuales no faltó el aporte financiero y la participación de empresarios de cada sector.
Es esta combinación de diversos sectores alrededor de un esfuerzo de largo plazo lo que probablemente tenga el mayor valor. La posibilidad de reunir funcionarios y empresarios alrededor de un proyecto que además se prolonga más allá de la administración del presidente Cardoso para culminar en la de Lula da Silva. Y no se restringe a los círculos académicos locales, sino que acude a quienes pueden ofrecer una experiencia más amplia. Y todo ello en un país en desarrollo, que además reconoció la oportunidad de liderar al Grupo de 20 países más pobres para negociar temas agrícolas en la OMC, convirtiéndose así en la quinta parte interesada junto con los EE.UU., la UE, Australia e India.
Esta perspectiva de mayor plazo parece rendir sus frutos en más de un sector. Muchos de los pollos que se venden en los supermercados ingleses han sido sazonados en Brasil antes de ser congelados. Y es que la estructura tarifaria de la UE carga un impuesto del 75% sobre las importaciones de pollos, pero sólo el 10% si están cocinados o procesados. Razón por la cual, muchas empresas europeas que en el pasado se abastecían en Brasil han invertido en la cadena de valor del país, atraídas por las ventajas tarifarias y una perspectiva de negocios a largo plazo, ya que las condiciones no se han modificado al cambiar el partido gobernante. Algo que no sorprende si se repara en el hecho de que Luiz Fernando Furlán, ministro de Desarrollo, Industria y Comercio Exterior, antes presidía una de las mayores empresas alimenticias del país: Sadia, el gigante del pavo.
Una cooperación público-privada que contribuye al desarrollo de largo plazo, trayendo a todas las partes interesadas a colaborar en la elaboración de soluciones de largo plazo para el país. Un cuadro bastante distinto de las confrontaciones y las negociaciones por separado a las que asistimos en nuestro medio. No solo es un estilo distinto, sino que las soluciones elaboradas negociando por separado sector por sector para atender problemas de corto plazo, inevitablemente y en razón del mismo mecanismo utilizado, implican desbalances que terminarán por traer problemas en un plazo apenas un poco más lejano. Y de allí a los sucesivos vaivenes no hay más que un paso. En esto los argentinos podemos mostrar la experiencia de los últimos 60 años de precios máximos, tablitas, planes australes y convertibilidades que cobran a la larga su precio de dejar afuera a algunos sectores. Tal vez sea hora de cambiar de estilo y trabajar unidos alrededor de algunos objetivos comunes, en lugar de enfatizar diferencias y desconfianzas. Al menos los vecinos al este y al oeste parecen estar prosperando aplicando fórmulas de colaboración mientras observan con asombro nuestra continua evolución hacia realidades que ellos parecen estar superando.