La recuperación económica está acelerando la toma de decisiones en la actual administración. Al menos eso está pasando en el plano de la crisis energética, pues luego de minimizar su importancia durante el último año, se han dispuesto medidas que implican desde el racionamiento directo, hasta la limitación de las exportaciones de energía, operaciones de importación directa de combustibles y electricidad por parte del Estado, ajustes de tarifas que incluyen no sólo a grandes usuarios sino al sector comercial y residencial, y finalmente el anuncio de creación de una empresa estatal de energía.

El rápido crecimiento de la economía precipitó las decisiones y las medidas se sucedieron a lo largo de los últimos dos meses. El paquete energético, sin embargo, dista de haber agotado sus instrumentos, pues supone de aquí en más una profundización del racionamiento por cantidades y una creciente intervención en el mercado energético en materia de precios, impuestos y subsidios.

La forma de encarar la crisis energética revela que la administración actuó tarde, y felizmente las buenas condiciones climáticas evitaron un colapso mayor. Sin embargo, el Gobierno finalmente aceptó que el problema de precios es crucial a la hora de explicar el déficit actual, y los ajustes proyectados (que implican un salto tarifario para la mayoría de los consumos residenciales) tendrán algún impacto sobre la demanda en el mediano plazo. Aún cuando no se podrán evitar cortes de suministro a industrias, comercios y otros consumos, al menos se actúa evitando exacerbar el exceso de demanda.

El manejo político de la crisis fue evidente, ya sea a la hora de demorar las decisiones de negociación contractual, como a la de realizar ajustes tarifarios. Una consecuencia de esto último es que las estructuras de precios en el sector son cada vez menos transparentes. Ejemplos de tal evolución son las normas que se refieren a la formación de los precios en los mercados de hidrocarburos líquidos y en los precios finales de gas y electricidad. El precio de los combustibles líquidos depende, en efecto, de un acuerdo logrado con las petroleras bajo la amenaza de incrementar las retenciones sobre las exportaciones, (y por lo tanto el precio del petróleo y sus derivados depende de una decisión política, y de la existencia de holgura fiscal que permita compensar los desvíos). Por su lado las tarifas finales de electricidad y gas perderán a partir de aquí su generalidad, para construirse una verdadera tarifa por usuario.

Así como los planes de competitividad destruyeron la noción de un único y uniforme impuesto sobre los salarios entre los años 2001 y 2002, de la misma forma se establecerán ahora múltiples tarifas en el caso de electricidad y gas, tantas como usuarios que parten de un consumo histórico dado y alteran en el margen su consumo (y por lo tanto la tarifa marginal y media). La cuestión no es, por cierto, la variabilidad de la tarifa en el margen sino el hecho que desaparece la ley de un solo precio. El nuevo esquema tarifario establece en efecto precios diferentes de la energía para iguales consumos. Por un lado cabe preguntarse bajo qué criterio se puede sustentar el principio por el cual dos familias con el mismo consumo ( y si se quiere, con iguales características sociodemográficas) pero que han registrado consumos diferentes en el período previo, deberán enfrentar tarifas diferentes por parte del mismo proveedor, en el mismo espacio geográfico.

Por otro lado, ¿cómo procederá el mercado para establecer un sistema de precios a medida de cada usuario? En un contexto de crisis podrían admitirse precios de desequilibrio por un lapso breve, pero la resolución mencionada y las declaraciones de funcionarios pretenden establecer estos mecanismos como “política permanente de mediano y largo plazo (Resolución SE415/04, párrafo 3).

Esta nueva política energética de largo plazo probablemente no se refleje en mayores índices de inflación, por el momento. Los ajustes anunciados, en efecto, adoptan la forma de bonificaciones y/o ajustes sobre la tarifa vigente, la que al mantenerse nominalmente sin cambios, no da lugar a un efecto medible en los índices de precios. En efecto, los índices de precios son de la forma Laspeyres, con ponderadores de cantidades consumidas fijas por subgrupos poblacionales, e Indec sólo releva los cambios de precios. Sólo se tendrá en el futuro el impacto del verdadero aumento de precios, como consecuencia de que las tarifas más altas impulsarán aumentos de precios en otros bienes y servicios con precios no controlados. En suma, el Gobierno parece haber encontrado un mecanismo para practicar fuertes ajustes de tarifas ocultándolos para los índices de precios. En los hechos, el sistema perderá transparencia, como lo viene haciendo desde hace ya un tiempo en el mercado energético mayorista, distorsionando el mecanismo de asignación de recursos.