La polémica acompañó la creación del régimen previsional obligatorio para los abogados matriculados en Capital Federal desde sus inicios. Las disputas entre abogados cajistas y anticajistas se extendieron durante el largo año de trámite parlamentario y continúan aun hoy, a más de tres meses de implementado este sistema que puso en sintonía a la Capital Federal con 12 provincias, que ya contaban con similares cajas para abogados.

Sucede que si bien la Caja de Seguridad Social para Abogados de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Cassaba) empezó a funcionar a partir del 1º de enero de 2005, son muchos los abogados porteños que todavía cuestionan la creación de este órgano que será el encargado de garantizar su jubilación futura. En torno a esta postura, se agrupan la mayoría de los socios de los grandes estudios porteños, quienes ven en esta nueva caja más perjuicios que beneficios.

Los abogados y procuradores matriculados en la Capital Federal, que se encuentran automáticamente afiliados al nuevo régimen, ya suman 63.000. Y sus aportes se estructuran en torno a un monto anual mínimo y máximo, que oscila entre los $ 1.200 y $ 9.600 respectivamente. Dicho aporte es sustitutivo de la parte previsional del monotributo y del aporte a autónomos, por lo que habilita a los profesionales a tramitar esta baja ante la AFIP. Los encargados de administrar esta nueva Caja, creada por la Ley porteña 1180, no son otros que funcionarios elegidos por los propios profesionales.

Entre los representantes de la postura anticajista se encuentra Damián Beccar Varela, socio del Estudio Beccar Varela, quien advierte que si bien Cassaba se encuentra ya en funcionamiento, su régimen es aún muy confuso por carecer de una reglamentación apropiada. “Es aún incierta la situación de muchos profesionales que durante años han aportado en otros sistemas , destaca, tocando uno de los puntos clave del debate. Y agrega que los costos de este nuevo régimen previsional son demasiado altos, en relación a las prestaciones que obliga a realizar la Caja.

Lisandro Allende, socio del Estudio Brons & Salas, también se suma al debate. Sostiene que Cassaba no era necesaria y critica la introducción de este nuevo jugador que no brinda un beneficio inmediato (y dudosamente mediato) en un momento del país en el que “los sistemas de seguridad social son cuestionados abiertamente y los juzgados se encuentran desbordados de trabajo . “Esta ley ocasionará mayores costos al ejercicio de la profesión, porque obliga al pago de anualidades mínimas a los profesionales e incrementa los costos que asumirán en definitiva los así llamados justiciables , precisa, sin olvidar mencionar que se trata de una herramienta que genera a su parecer inseguridad jurídica, ambigüedades y confusa aplicación.

Desde la presidencia de Cassaba, Hugo Germano –ex presidente del Colegio Público de Abogados porteño– enfrenta las críticas y representa la posición de muchos abogados que tradicionalmente fueron favorables a la creación de esta Caja. Entre sus mayores beneficios resalta la circunstancia de ser administrada y controlada por los propios abogados, la ausencia de fines de lucro y “la garantía de prestaciones previsionales dignas de constituir un verdadero Sistema de Seguridad Social , que incluye beneficios como subsidios y préstamos.

Pero más allá de las distintas visiones, uno de los mayores conflictos que se han presentado desde la creación de Cassaba -y que es motivo de numerosos cuestionamientos por parte de los profesionales- recae sin duda sobre la situación en que se encuentran cerca de 7.000 abogados porteños, que también están matriculados en la provincia de Buenos Aires y efectúan allí un aporte mínimo obligatorio.

La Ley 1180 en su artículo 5 establece que los abogados que se encuentran obligados a aportar en otra caja pueden optar por exceptuarse de su aplicación. Sin embargo, el Directorio de Cassaba ha aprobado una reglamentación de dicho artículo, mediante la cual se comunica que quienes ejerzan tal opción –que puede ser efectuada hasta el 12 de mayo– sólo se encuentran eximidos de alcanzar el mínimo anual de $ 1.200, pero que en todos los casos deberán abonar el 5% de los honorarios percibidos, así como la suma de $ 10 al presentarse en cada expediente.

De ello se desprende que en definitiva, para ejercer la profesión tanto en Capital como en la provincia, los profesionales necesariamente deberán efectuar aportes por las tareas realizadas en las dos jurisdicciones. Germano trata de aclarar el panorama. “Si pese a haber optado, el profesional completa los mínimos, tiene también derecho a la prestación previsional de Cassaba. Quienes por el contrario no opten y coticen a ambas cajas, pueden tener acceso a las dos prestaciones previsionales , detalla el funcionario.

Sobre este punto opinó también Juan Ernesto Curutchet, socio del estudio Curutchet-Odriozola y secretario de la Asamblea de Cassaba, pese a haberse opuesto a la creación del régimen en las últimas elecciones junto al grupo liderado por Guillermo Borda. “Ahora que la Caja es una realidad, estamos intentando que el organismo moleste lo menos posible en la vida cotidiana del abogado , aclara por las dudas. Y toca el tema caliente. “Es imperioso llegar a un acuerdo con la Caja de Abogados de la Provincia de Buenos Aires para evitar la doble imposición de los abogados que actuamos en las dos jurisdicciones , reconoce.

Sin embargo, advierte también una reticencia muy grande de las cajas provinciales a firmar dichos convenios por miedo a perder fondos. “El resultado es que miles de abogados estarán obligados a contribuir en dos regímenes , lamenta, antes de agregar que “es necesario solucionar este escándalo a la brevedad . Postura similar mantiene el Colegio de Abogados de Buenos Aires, que preside Roberto Durrieu, que ha hecho llegar una nota al Directorio de Cassaba en la que manifiesta su “perplejidad ante esta nueva reglamentación del artículo 5 de la Ley 1181, que a su entender contradice abiertamente el segundo párrafo de la norma que dice reglamentar.

Otro tema muy debatido radica en el modo en que Cassaba invertirá los fondos aportados, ya que los únicas inversiones permitidas por la Ley 1180 suponen un riesgo 100% argentino. Curutchet considera que este tema es fundamental. “De haber existido Cassaba durante la última crisis, la totalidad de sus inversiones hubieran sido pesificadas y defaulteadas , resume. Y propone que se flexibilicen las opciones de inversiones que autoriza la ley, permitiendo “atesorar moneda extranjera y hasta invertir en el exterior, como condición ineludible para que la promesa de una jubilación futura no sea una mentira más, un fondo que los políticos de la ciudad puedan saquear impunemente.

Pero las controversias sobre Cassaba no terminan ahí. De hecho, también se extienden a su propio origen. Un importante grupo de abogados liderado por Jorge Gabriel Rizzo, fundador del grupo Gente de Derecho, ha planteado judicialmente la incompetencia de la legislatura porteña para dictar la ley creadora de Cassaba, causa que aún se encuentra sin resolución judicial.

Los matriculados se encuentran obligados a

participar hasta el 30 de abril en

un Censo de Actualización de Datos.

Pueden hacerlo por Internet,

en www.cassaba.org.ar, o personalmente

en el Hotel de Las Américas, Libertad 1020.