(Por Julieta Camandone y Paula López, especial para Cronista.com)

Las preocupaciones de distintos actores del campo ante la idea del Gobierno de estatizar el comercio de granos y oleaginosas derivaron este viernes en un repudio unánime y un sinnúmero de reuniones para fijar una postura común a lo que consideran sería una medida que pondría a "Argentina en retroceso". Desde la oposición política también se rechazó la iniciativa y se alertó que cualquier cambio en el comercio de granos deberá ser tratado por el Congreso.

Con los fantasmas del enfrentamiento por la resolución 125, que instauró las ahora derogadas retenciones móviles, el campo comenzó a vislumbrar un panorama aun más sombrío que el que dejó la sequía y las pérdidas de mercados internacionales por la intervención estatal y la crisis financiera global.

Sin confirmación o desmentida oficial, pero con fuertes trascendidos de que la nacionalización del comercio de granos ya está decidida y hasta que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner hará mención al tema en su discurso ante la Asamblea Legislativa, este domingo, representantes de las entidades rurales gremiales, de exportadores, de las Bolsas de Comercio y Cereales de todo el país, de los Mercados a Término, de Cámaras de consignatarios de ganado, de maquinaria agrícola, productores avícolas, de los puertos privados comerciales, de corredores, agentes y consignatarios de granos se unieron en alertar que "la estatización del comercio de granos podrá a la sociedad argentina al borde de otro conflicto, innecesario y de consecuencias impredecibles".

La advertencia agroindustrial quedó plasmada en una solicitada firmada por 27 entidades que representan a los distintos eslabones de la cadena agroindustrial (desde productores, pasando por corredores y consignatarios, cámaras de empresas procesadoras y hasta las bolsas en cuyos recintos se realizan las operaciones granarias).

La intención del Gobierno, anticipada este viernes por El Cronista, apunta a centralizar la administración de toda la exportación agrícola en la Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario (Oncca), donde Ricardo Echegaray sigue teniendo la conducción real aunque ahora se desempeñe como jefe de la AFIP. La Oncca funcionaría, así, como las viejas juntas nacionales de carnes y granos, que monopolizaban las compras y administración del comercio exterior.

"‘Pedimos una urgente aclaración del Gobierno", manifestó el presidente de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, Ricardo Forbes. Es que los objetivos que persigue el oficialismo con una jugada de estas características son la mayor incógnita. Hasta el jueves a la noche, las entidades rurales creyeron ver en los rumores una "apretada" desde los sectores duros del Gobierno para que los productores que todavía tienen soja vieja en su poder, se apuraran a venderla (algo improbable con una cotización de $ 745 por tonelada, cuando el año pasado para esta época la oleaginosa rompía todos los récords y cotizaba en Rosario a $ 1.100) y, al mismo tiempo, mejoraran las arcas fiscales vía pago de retenciones.
Pero ya desde las primeras horas del viernes, la certeza de que la nacionalización del comercio de granos está a la vuelta de la esquina apresuró "el rechazo enfático" de toda la cadena.

"No sabemos nada. Nadie nos consultó ni siquiera una coma para pensar en un proyecto de esta magnitud", dijeron desde el sector de los exportadores.
En la solicitada las 27 entidades agropecuarias enfatizan que un esquema de estatización del comercio granario "sólo generará perjuicios para consumidores y productores, aun cuando venga acompañado de anuncios de supuestos beneficios para ambos, como garantías de precios, de abastecimiento o rebajas de retenciones".

Y recalcan que "se provocará una grave disminución de la producción, con un fuerte impacto económico y social, sobre todo en el interior, y paralizará la comercialización".

Ese efecto ya es palpable: entre jueves y viernes, casi no hubo operaciones para la cosecha gruesa en los mercados granarios. Por caso, en la Bolsa de Rosario, donde las negociaciones siguen reducidas porque la demanda exportadora está calmada y los productores esperan un repunte en los precios, la semana que había comenzado con el último día de paro agropecuario, finalizó con nulas operaciones en soja, que terminó la semana en $ 745 la tonelada, el precio más bajo desde principios de octubre último.