El escándalo de los pasaportes falsos en Uruguay ha derivado en acusaciones de espionaje político y corrupción que podrían amenazar la reputación del país como faro de estabilidad en América latina. Comenzó en septiembre con la detención de Alejandro Astesiano, guardaespaldas personal del presidente Luis Lacalle Pou, acusado de dirigir una red delictiva que emitía pasaportes uruguayos falsos a extranjeros a cambio de una comisión, entre ellos posiblemente rusos que huían de su país tras la invasión de Ucrania. Astesiano ha rechazado los cargos que se le imputan. Desde entonces, el escándalo se ha ampliado, después de que un medio local, La Diaria, publicara chats obtenidos del teléfono de Astesiano durante la investigación. Uno de los intercambios sugería que Astesiano aprovechó sus contactos en el Gobierno para vender un software desarrollado por el Ministerio del Interior a ricos empresarios, que luego lo utilizaron para rastrear a senadores de la oposición, acusación que él ha negado. Estas polémicas han suscitado dudas sobre si la corrupción en el sistema político uruguayo ha pasado desapercibida. La atención se centra ahora en qué hará Lacalle Pou para salvaguardar el Estado de Derecho y exigir responsabilidades a los implicados. "Este es un momento clave para Uruguay", dijo Ricardo Gil Iribarne, exfuncionario anticorrupción que encabezó la junta de transparencia y ética pública del país bajo la anterior administración de izquierda. "Es mucho más que los pasaportes", añadió. Según los investigadores, Astesiano, un expolicía, utilizó su estrecha relación con el presidente para obtener certificados de nacimiento falsos que decían que el destinatario tenía padres uruguayos, lo que les permitía reclamar la ciudadanía. Los fiscales creen que docenas, posiblemente cientos, de rusos han obtenido la ciudadanía uruguaya desde 2013, según una conferencia de prensa de la fiscal jefe Gabriela Fossati. El esquema ha llamado más la atención desde el inicio de la pandemia y el conflicto en Ucrania, que ha provocado una ola de emigración desde Rusia, en parte hacia América latina. Una de las principales líneas de investigación es si los pasaportes estaban destinados a ser utilizados para "obtener visas a Estados Unidos" o permitir a sus titulares circular libremente porEuropa, donde los uruguayos pueden entrar sin visa hasta seis meses en la mayoría de los países, según dijeron los fiscales durante una vista judicial sobre el caso. Lacalle Pou ha negado tener conocimiento de que su jefe de seguridad utilizara su cargo para presuntamente vender documentos falsos por hasta u$s 120.000 el pasaporte. Prometió una investigación completa con su cooperación: "Estamos tranquilos por lo actuado hasta ahora", ha dicho el presidente. Pero los mensajes filtrados del teléfono de Astesiano han complicado aún más el caso para el Gobierno, amenazando con implicar a miembros del gabinete de Lacalle. Ha aumentado la presión para que más funcionarios entreguen sus teléfonos a fin de que los investigadores puedan indagar más a fondo. El ministro del Interior uruguayo, Luis Alberto Héber, negó haber actuado mal durante una comparecencia ante el Senado en noviembre. Astesiano ha dicho en una audiencia que no tenía acceso al software del Estado -que sólo está destinado a ser utilizado por funcionarios autorizados- y que simplemente estaba alardeando ante sus clientes. La fiscalía dijo que "no hay certeza" de que Astesiano tuviera acceso a dicho software. Al mismo tiempo que se desarrollaban estas polémicas, otros mensajes filtrados en otra investigación de la Fiscalía de Delitos Económicos parecían implicar a altos funcionarios de los ministerios de Relaciones Exteriores e Interior en la entrega de documentos de viaje a Sebastián Marset, acusado de narcotráfico en Sudamérica. Marset, de 31 años, que al parecer lidera el Primer Cartel Uruguayo (PCU), está buscado por Interpol por el presunto transporte de 16 toneladas de cocaína entre Paraguay y Europa a través de Uruguay y sigue prófugo. Fue detenido en Dubai en 2021 cuando viajaba con un pasaporte paraguayo falsificado. En 2021 se le expidió rápidamente a Marset un nuevo pasaporte uruguayo que le permitió salir legalmente de Emiratos Árabes Unidos. En mensajes difundidos en el marco de un pedido de información pública realizado por la oposición uruguaya, funcionarios de Interior y Cancillería destacaron que era "muy peligroso" y cuestionaron la tramitación de su pasaporte, aunque finalmente fue aprobado. La viceministra de Asuntos Exteriores, Carolina Ache Batlle, renunció a su cargo el 19 de diciembre, y la Fiscalía General está investigando cómo se expidieron los documentos, según los medios de comunicación uruguayos. Dirigentes de la oposición han pedido la renuncia de los ministros del Interior y de Relaciones Exteriores. "Si se sabe que [Marset] era un peligroso narcotraficante y aun así se hicieron las gestiones para que pudiera acceder a un pasaporte nacional, hay una negligencia increíble", dijo el 14 de diciembre Fernando Pereira, presidente del partido Frente Amplio. La politóloga Vicky Gadea afirmó que los costos a largo plazo podrían ser "extremadamente altos" para las relativamente jóvenes instituciones democráticas del país si las revelaciones no se abordan adecuadamente y los implicados no rinden cuentas. "Existe la percepción entre quienes viven en Uruguay de que estamos al nivel de algunas de las democracias más sólidas del mundo", afirmó Gadea. Si la gente "empieza a cuestionar cómo funciona nuestra democracia", podría llevar años recuperar la confianza y dañar la reputación internacional del país, dijo. Uruguay sigue siendo el país menos corrupto de América latina, según Transparencia Internacional. Las encuestas muestran sistemáticamente que la población, de unos 3,5 millones de habitantes, tiene una fe pública generalizada en el sistema judicial. "Somos el mejor alumno en una clase de chicos que se portan mal", dijo Gil Iribarne refiriéndose a la región de América latina. Uruguay podría "caer a los niveles" de otros países donde crece la desconfianza en las instituciones del Estado, como Brasil y Colombia, si no se investigan adecuadamente estos casos y se tranquiliza a la opinión pública. Los críticos afirman que Lacalle Pou ha intentado minimizar la gravedad de las revelaciones y distanciarse de los implicados en un momento en el que debe mostrarse firme. El Gobierno argumenta que está dejando que la Justicia actúe y que se llegará a un veredicto. La oficina presidencial no devolvió las solicitudes de comentarios. "Los uruguayos quieren ver que hay consecuencias para las acciones", dijo Gil Iribarne. "Al público le sigue importando y se está enojando".
El escándalo de corrupción que complica a Lacalle Pou en UruguayEl escándalo de corrupción que complica a Lacalle Pou en Uruguay