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En las últimas semanas, el debate en torno a las políticas migratorias ha ganado protagonismo en el Congreso y en Les Corts Valencianes. El foco está puesto ahora en una propuesta impulsada por Vox y respaldada por el Partido Popular (PP).
La misma solicita al Gobierno autonómico la elaboración de estadísticas diferenciadas entre la población nacional y la extranjera. Esta medida ha provocado reacciones encontradas tanto en el ámbito político como social.
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Según sus defensores, la intención es mejorar la capacidad del Estado para gestionar recursos y políticas públicas. Para sus detractores, sin embargo, se trata de una maniobra que apunta directamente a estigmatizar a la población migrante.
Las posiciones se han polarizado en torno a un tema que toca cuestiones sensibles sobre convivencia, derechos humanos y gestión pública.
Vox justifica la medida en nombre del análisis social
La portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, defendió el acuerdo alcanzado con el PP para solicitar estadísticas desagregadas. "No hay nada malo", afirmó durante una rueda de prensa, al referirse al objetivo de diferenciar entre nacionales y migrantes en aspectos como recepción de ayudas, uso de urgencias, absentismo laboral o donación de sangre.
Según Millán, el propósito es conocer "los efectos y las consecuencias de la inmigración masiva en todos los órdenes de la sociedad, y fundamentalmente, en las tasas de criminalidad".
Su mensaje fue reforzado por el síndic de Vox en Les Corts, José María Llanos, quien calificó la medida de "imprescindible" y "razonable" ante el aumento de la inseguridad que, según él, está vinculado a la inmigración ilegal, descontrolada y masiva.
El PP defiende su utilidad y rechaza acusaciones de racismo
El PP ha respaldado la iniciativa asegurando que no hay una motivación racista detrás de ella. El síndic Juanfran Pérez Llorca sostuvo que "recoger información no es malo ni racista" y que puede contribuir a una mejor integración de los inmigrantes.
Aseguró que "muchísimos organismos del Estado ya realizan informes sobre la influencia de la migración" y subrayó que el problema no radica en los datos, sino en el uso que se les dé.
Por otro lado, defendió que su partido hará un uso responsable de las estadísticas para "mejorar la vida de todos los ciudadanos" y acusó al PSOE de "manipular" para desviar la atención de casos de corrupción.
Gobierno y oposición denuncian estigmatización
Desde el Ejecutivo, la portavoz Pilar Alegría fue tajante: "No hace falta ningún tipo de lista separada ni ninguna estadística diferenciadora". Durante una rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, calificó la propuesta como parte de las "listas del odio", y acusó al PP de aplicar políticas que son una "mala copia" de las de Vox. Según Alegría, el objetivo es "señalar, estigmatizar y criminalizar" a los migrantes.
Desde la oposición parlamentaria también se han alzado voces críticas. Montse Mínguez, del PSOE, acusó a los populares de haber asumido por completo la agenda de Vox y advirtió de un "retroceso" en la política migratoria.
Verónica Martínez Barbero, de Sumar, consideró que el acuerdo "es una barbaridad" y denunció su carga xenófoba, especialmente al centrarse en migrantes en situación vulnerable.
El síndic socialista José Muñoz alertó sobre posibles consecuencias legales y anunció que llevarán el caso ante organismos nacionales e internacionales. Por su parte, Compromís también se mostró dispuesto a denunciar la medida por inconstitucionalidad y por atentar contra los derechos fundamentales.