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El proceso judicial que involucra a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha sumado un nuevo capítulo con la comparecencia de las principales implicadas en el Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid. El juez Juan Carlos Peinado busca aclarar las funciones de Cristina Álvarez, asesora en Moncloa, en el marco de una investigación por presunta malversación.
En una jornada marcada por las declaraciones cruzadas y las decisiones procesales, Gómez defendió que las actuaciones privadas de su asistente fueron puntuales, mientras que Álvarez decidió no prestar testimonio. Con estas citaciones, la causa abierta desde abril de 2024 entra en una fase clave para definir si existieron irregularidades en la contratación y desempeño de la asesora.
Durante poco más de cinco minutos, Gómez respondió únicamente a las preguntas de su abogado, Antonio Camacho, con el objetivo de reforzar la estrategia de defensa ya expuesta en los recursos presentados ante la Audiencia Provincial de Madrid.
La cita estuvo rodeada de medidas de seguridad, habituales en sus comparecencias, incluida la entrada por el garaje para preservar su integridad física.
La declaración de Begoña Gómez ante el juez
En su intervención, Gómez reiteró que las funciones de Cristina Álvarez fueron estrictamente oficiales: coordinación de agenda, organización del equipo de seguridad y tareas de protocolo. Según relató a EFE, "ha defendido que le hizo algún ‘favor' en ocasiones muy excepcionales, como cuando envió un correo relacionado con la cátedra que codirigía".
Se trata de una explicación que ya había aportado anteriormente Álvarez en otra declaración, y que la propia defensa de Gómez calificó de actuación "puntual" y sin consecuencias en el desempeño regular de sus responsabilidades en Presidencia del Gobierno.
El abogado de Gómez, Antonio Camacho, cuestionó que el juez haya decidido sostener una imputación por malversación a partir de ese episodio concreto. En su recurso, reprochó lo que calificó como una interpretación "exorbitada" del Código Penal.
Tal como recogió EFE, "enmarcó en un ‘favor' que Cristina Álvarez transmitiese en febrero de 2024, en la parte final de un correo, un ‘mensaje personal' de la mujer del presidente del Gobierno sobre su deseo de que Reale siguiese patrocinando la cátedra".
El letrado sostuvo que un gesto de este tipo no puede constituir la base de un delito, sino que se trató de una "conducta aislada" que no refleja un patrón de actuación.
La decisión de Cristina Álvarez: acogerse a su derecho a no declarar
La jornada también estuvo marcada por la breve comparecencia de Cristina Álvarez, asesora de Gómez en Moncloa, quien se encuentra investigada por el mismo delito de malversación.
Según informó EFE, "Cristina Álvarez, asesora de Begoña Gómez, se ha acogido este miércoles a su derecho a no declarar ante el juez Juan Carlos Peinado, que la investiga por un presunto delito de malversación en torno a su contratación en Moncloa y a las funciones presta a la mujer del presidente del Gobierno".
La asesora permaneció pocos minutos en la sala antes de anunciar su decisión. Ha recurrido su imputación ante la Audiencia Provincial de Madrid, alegando que no existen indicios sólidos para sostener el cargo en su contra.
Una investigación con varios frentes abiertos
La pieza separada que instruye el juez Peinado busca esclarecer si Álvarez pudo haber excedido sus funciones públicas para beneficiar a Gómez en posibles delitos de tráfico de influencias. Tanto la esposa del presidente como su asesora han presentado recursos en los que denuncian la falta de motivación de la imputación.
En uno de los últimos autos, la Audiencia Provincial de Madrid precisó que la investigación debe centrarse en si la asesora "se sobrepasó en el desempeño de las funciones públicas que le fueron encomendadas para favorecer el plan delictivo de la investigada -Begoña Gómez- en el delito de tráfico de influencias".
Cabe recordar que en esta misma pieza ya declaró como testigo el ministro Félix Bolaños, quien era secretario general de Presidencia cuando se designó a Álvarez en julio de 2018. El juez incluso planteó imputar al ministro ante el Tribunal Supremo, que rechazó de plano esa posibilidad por falta absoluta de indicios.