En esta noticia
El debate sobre la regularización de inmigrantes ilegales vuelve al centro del escenario político en España. El PP ha votado a favor de una proposición de ley presentada por Vox para restringir los procesos de arraigo, utilizados por muchos migrantes para obtener la residencia legal en el país.
Aunque la iniciativa fue derrotada en el Congreso -168 votos a favor frente a 177 en contra-, la posición del PP supone mucho más que un simple apoyo simbólico.
Se trata de una ruptura con el consenso previo, que incluso había contado con el impulso de la Iglesia Católica y diversas organizaciones humanitarias, como Cáritas, firmantes de la iniciativa legislativa popular (ILP) que pretendía regularizar a medio millón de personas.
El PP se alinea con Vox y rompe con la Iglesia
"El Gobierno ha renunciado a defender sus fronteras. La inmigración ilegal está desbocada (...) A quien viene a delinquir, le decimos que aquí, no", afirmó con rotundidad la diputada del PP, Maribel Sánchez, desde la tribuna del Congreso.
Aunque el propio partido reconoció que el texto "criminaliza al inmigrante", decidieron apoyarlo "por coherencia" y con la intención de "abrir el debate".
Este apoyo supone una clara señal de que el PP ha decidido endurecer su discurso migratorio, incorporando parte del marco ideológico de Vox, que en su proposición establece un vínculo directo entre la inmigración -especialmente la procedente de África- y los delitos sexuales.
La formación liderada por Santiago Abascal propone ampliar los supuestos de expulsión, dificultar el acceso a los permisos de trabajo y extender el internamiento en los CIE de 60 a 180 días.
Frente a este posicionamiento, desde el bloque de investidura -PSOE, Sumar, Bildu, ERC y otros- se levantaron voces críticas que acusaron tanto a Vox como al PP de utilizar la inmigración como arma política.
"No quieren a las mujeres libres, con ustedes las mujeres están en peligro", denunció el socialista Luc Andre Diouf, en respuesta al uso de argumentos de protección hacia las mujeres como justificación del proyecto.
Un giro sobre la regularización de migrantes
El giro del PP contrasta con su posición de hace un año, cuando no se opuso a la tramitación de la ILP respaldada por entidades religiosas y sociales. Aquella propuesta buscaba una regularización masiva y flexible de migrantes, dando prioridad a los que tienen hijos o están en proceso de asilo.
Sin embargo, tras varios meses de inactividad, las negociaciones se han visto obstaculizadas por causas políticas ajenas, como la investigación a Santos Cerdán, exsecretario de Organización del PSOE.
En este nuevo contexto, el voto del PP representa un cambio estratégico, alineado con el crecimiento en intención de voto que muestran las encuestas para Vox. Esta decisión llega justo cuando se publican datos que evidencian un estancamiento electoral de los populares, lo que podría haber motivado a Alberto Núñez Feijóo a aproximarse aún más a los postulados ultras.
"Por pura coherencia con nuestras propuestas estamos de acuerdo en abrir este debate (...) Rechazamos cualquier discurso de odio", matizó la diputada Sánchez, intentando marcar distancia del lenguaje más extremo de sus socios momentáneos.
Una batalla ideológica con consecuencias reales
La postura adoptada por el PP no solo enfrenta al partido con buena parte de la sociedad civil y la Iglesia, sino que también plantea interrogantes sobre el futuro de la política migratoria en un contexto europeo donde la presión migratoria y el auge de la ultraderecha van en aumento.
Esto revive la tensión entre los discursos humanitarios y restrictivos, en un país donde cientos de miles de personas permanecen en la irregularidad administrativa, pese a vivir y trabajar de forma estable desde hace años.