El Congreso de los Diputados aprobó este jueves el plan arancelario del Gobierno, diseñado para mitigar el impacto de los aranceles impuestos por Estados Unidos. La medida se convalidó gracias al apoyo de Junts y del resto de los socios de investidura, excepto Podemos, que optó por la abstención. PP y Vox votaron en contra.
El real decreto ley incorpora un paquete de apoyo financiero superior a 14.000 millones de euros. Según el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, se trata de "un plan dinámico y necesario", que busca ofrecer una red de protección inmediata a las empresas afectadas por la guerra arancelaria. "Este es el plan que España necesita", subrayó el ministro, quien defendió que la medida se ha construido "a partir del diálogo y la unidad de acción" para adaptarse a un entorno económico "cambiante y desafiante".
El plan incluye instrumentos financieros y comerciales para facilitar liquidez a las empresas, fomentar su internacionalización, mejorar su competitividad y aumentar su proyección internacional.
Junts condiciona su apoyo
Durante el debate, el diputado de Junts, Josep María Cruset, respaldó el decreto ley al constatar que incorpora la petición de su partido: que las ayudas empresariales tengan en cuenta criterios territoriales. Esto garantizaría mayores recursos a Cataluña, la región más golpeada por los aranceles.
ERC también votó a favor tras acordar con el Gobierno que cualquier futura ayuda directa esté condicionada al mantenimiento del empleo. Una postura similar adoptaron Bildu y el PNV, que valoraron que el plan contribuye a "amortiguar el golpe" sobre las empresas y el empleo, incluso aquellas afectadas de manera indirecta.
Coalición Canaria, BNG y UPN también respaldaron la medida por el impacto positivo sobre sus territorios y sectores productivos, a pesar de haber expresado diferencias con el Ejecutivo.
PP y Vox rechazan el plan arancelario
El Partido Popular y Vox se posicionaron en contra. Juan Bravo, diputado del PP, argumentó que el plan no incluye las propuestas de su grupo, como rebajas fiscales y medidas para mejorar la competitividad industrial. "Las empresas no piden ni más deuda ni más préstamos", remarcó.
Por su parte, Jacobo González-Robatto, de Vox, criticó que el decreto no aborda los "problemas de fondo" del campo, que según su partido se derivan de las políticas climáticas y las exigencias fitosanitarias de la Unión Europea.
