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La condena al exfiscal general del Estado Álvaro García Ortiz sigue desplegando efectos judiciales y políticos. Esta semana se confirmó que el exresponsable del Ministerio Público ya abonó la multa y la indemnización impuestas por el Tribunal Supremo tras su condena por revelación de datos reservados.
El pago, según consta en un escrito al que tuvo acceso EFE, se realizó mediante fondos procedentes de aportaciones voluntarias, cuya canalización y coordinación asumió la Unión Progresista de Fiscales, organización de la que García Ortiz fue presidente portavoz. El Supremo dio por recibidas las cantidades y ordenó los pasos administrativos correspondientes.
El pago de la multa y la indemnización tras la sentencia del Supremo
El Tribunal Supremo confirmó la recepción de 7200 euros correspondientes a la multa y de 10000 euros en concepto de responsabilidad civil a favor de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso. En el primer caso, el alto tribunal ordenó transferir el importe al Tesoro Público y, en el segundo, solicitó el número de cuenta del beneficiario para ejecutar el pago.
La Abogacía del Estado explicó que ambos abonos se efectuaron con fondos procedentes de aportaciones voluntarias, cuya gestión fue asumida por la Unión Progresista de Fiscales. Según el escrito, el exfiscal general “asume íntegramente dicho pago como propio”, despejando así cualquier duda sobre la titularidad y responsabilidad del desembolso.
El cumplimiento de la condena económica se produce en un contexto de fuerte debate jurídico. La sentencia del Supremo no solo impuso una multa y una indemnización, sino también una pena de inhabilitación, lo que reabrió la discusión sobre el futuro profesional de García Ortiz dentro de la carrera fiscal.
Respaldo de juristas y reacción del entorno judicial
El pago de las cantidades llega después de que García Ortiz recibiera el respaldo de una parte relevante de la judicatura, que expresó su malestar con la resolución del alto tribunal. Ese apoyo se visualizó públicamente en un acto celebrado en el Ateneo de Madrid, donde el exfiscal general fue recibido con una ovación.
En ese escenario se presentó el manifiesto “Una sentencia inquietante. Condena a la presunción de inocencia”, firmado por más de 150 juristas, magistrados, abogados, fiscales y catedráticos. El documento cuestiona el alcance y la interpretación de la condena, y se convirtió en uno de los principales argumentos de quienes consideran que el fallo del Supremo sienta un precedente controvertido.
La reacción no se limitó al ámbito académico y profesional. El debate se trasladó al plano institucional y político, con lecturas divergentes sobre el impacto de la sentencia en la independencia del Ministerio Fiscal y en la confianza en las garantías procesales.
El indulto en trámite y la disputa por su continuidad en la carrera fiscal
En paralelo, el Ministerio de Justicia inició la tramitación de una petición de indulto para García Ortiz. El procedimiento se activó tras la solicitud de dos particulares, que reclamaron un indulto total. El primer paso ya está en marcha y consiste en recabar el informe preceptivo del Tribunal Supremo, tal como marca la normativa.
Mientras avanza ese trámite, González Amador solicitó la expulsión de García Ortiz de la carrera fiscal, apoyándose en la condena de inhabilitación por revelación de secretos. La petición abre un nuevo frente jurídico y administrativo, con consecuencias directas sobre la trayectoria profesional del exfiscal general.
Actualmente, García Ortiz se incorporó como fiscal a la Sección Social del Tribunal Supremo, tras un decreto dictado el pasado 23 de diciembre por la fiscal general del Estado, Teresa Peramato. Ese decreto autorizó su reingreso en la carrera fiscal, con el visto bueno de la Inspección Fiscal.
La representación legal de González Amador impugnó esa decisión y pidió anular el decreto, al considerar que la condena debería impedir su continuidad en la carrera. El conflicto, aún abierto, mantiene en primer plano el caso y añade presión a un escenario ya marcado por la controversia judicial y política.
Con los pagos ya confirmados por el Supremo y el indulto en fase inicial de tramitación, el caso de Álvaro García Ortiz entra en una nueva etapa, en la que el foco se desplaza del cumplimiento económico de la condena al desenlace institucional y profesional que pueda derivarse de ella.
