La presión política crece alrededor de la futura ley de alquiler temporal y de habitaciones, mientras el Sindicato de Inquilinos de Cataluña intenta evitar que Junts vete el texto en el pleno del Congreso.
Con negociaciones que avanzan entre reuniones y llamados, el desenlace queda en manos de los siete diputados independentistas, cuyo posicionamiento definirá la aprobación o el bloqueo de una norma considerada urgente por gran parte del tejido social catalán.
En paralelo, el secretario general de CCOO, Unai Sordo, marca distancia respecto a un acuerdo salarial para los empleados públicos.
¿Por qué Junts define el futuro de la ley de alquiler temporal?
El Sindicato de Inquilinos intensifica sus contactos con Junts para evitar un voto negativo en el pleno, un escenario que podría bloquear nuevamente la regulación tras años de tensiones políticas.
Carme Arcarazo, portavoz del colectivo, explica que continuarán las reuniones “las veces que haga falta” para asegurar al menos la abstención del partido independentista en un debate donde su posición resulta determinante.
Los promotores del proyecto —Sumar, ERC, Bildu y Podemos— alcanzaron un acuerdo con PSOE y PNV que permite que la ley avance en comisión, incluso con el rechazo del PP, Vox y Junts.
Sin embargo, la correlación de fuerzas cambia en el pleno, donde la abstención o el voto favorable de los independentistas se vuelve imprescindible para que la norma finalmente prospere.
El texto incorpora modificaciones relevantes, como la extensión de la duración máxima de los contratos temporales a doce meses y la obligación de justificar su motivo.
Además, establece que los contratos pasarán automáticamente a ser de cinco o siete años si se detectan abusos mediante encadenamientos irregulares.
Para el Sindicato de Inquilinos, se trata de un “mínimo común denominador” que ofrece un consenso transversal y responde a un problema que afecta de manera acuciante a Cataluña.
¿Qué reclama CCOO tras el cambio de oferta salarial del Gobierno?
Unai Sordo sostiene que CCOO aún no está en condiciones de cerrar un acuerdo, pese a que el Ejecutivo revisó al alza su propuesta salarial para los empleados públicos.
Según el dirigente, existen márgenes para mejoras adicionales y resulta imprescindible garantizar que los trabajadores no pierdan poder adquisitivo en los próximos años, tras un período marcado por la inflación y el deterioro de las condiciones laborales.
El sindicalista afirma que el fortalecimiento de los servicios públicos depende de retribuciones dignas, un aspecto que, a su juicio, debe formar parte de un nuevo contrato social.
En este sentido, CCOO reclama incrementos mayores para los salarios medios y bajos, junto con mecanismos que impidan que las empresas neutralicen el impacto del salario mínimo mediante la absorción de complementos.
Sordo también advierte que el sindicato no aceptará una nueva subida del SMI sin una revisión del sistema que regula este indicador, a la vez que anticipa una negociación colectiva exigente, con planteos de “fuertes subidas salariales” para los sectores más afectados por el costo de vida.
Sobre los Presupuestos Generales del Estado, señala que deben ser expansivos y orientados al pleno empleo, aunque admite que el país podría funcionar sin ellos debido al nivel de recaudación y ejecución de fondos europeos.