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La reforma de la Ley de Vivienda, conocida como ley de alquileres en España, ha generado un cambio significativo para los arrendatarios. Este cambio legislativo, impulsado por el PNV, fue aprobado en el Congreso el 20 de junio de 2025 como parte de la nueva Ley Orgánica de Eficiencia del Servicio Público de Justicia.
La medida, que entró en vigor el 3 de abril de 2025, busca agilizar los procesos judiciales en casos de allanamiento de morada y usurpación, al incluir estos delitos en el procedimiento de juicio rápido.
La votación resultó en 178 votos a favor, 172 en contra y 1 abstención, y fue aprobada gracias a un error de cálculo de voto por parte de EH Bildu y ERC, quienes luego reconocieron públicamente que su apoyo fue involuntario.
A partir de ahora, los okupas ya no podrán utilizar la presencia de menores como estrategia para retrasar los desalojos. La principal novedad de esta reforma radica en la introducción de juicios rápidos, que deberán resolverse en un plazo máximo de 15 días. Con este procedimiento se pretende evitar que los okupas prolonguen su estancia ilegal en las viviendas.
El objetivo de esta medida es proporcionar mayor seguridad y protección a los propietarios en un mercado inmobiliario extremadamente competitivo, en medio de un constante aumento de los precios del alquiler y, por ende, tensiones con los inquilinos.
Asimismo, la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal marca un antes y un después en la lucha contra la okupación en España.
Los okupas no podrán usar a sus hijos para quedarse más tiempo en las viviendas
La reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal introduce un cambio fundamental para la agilización de los procesos judiciales.
Previo a esta modificación, los casos de okupación podían extenderse durante meses o incluso años, especialmente cuando se alegaban situaciones de vulnerabilidad económica o la presencia de menores en el hogar.
Actualmente, los juicios rápidos permiten la resolución de estos conflictos en un plazo de 15 días.
A pesar de que persisten desafíos como la saturación del sistema judicial, esta medida es considerada un avance significativo para la protección de los propietarios.
Hasta el momento, la presencia de niños en viviendas okupadas complicaba los desalojos debido a la necesidad de intervención de los servicios sociales.
La nueva normativa establece que, aunque las necesidades de los menores seguirán siendo atendidas, este aspecto no se considerará para dilatar los procedimientos legales. Esto elimina una de las principales lagunas que los okupas utilizaban en su beneficio.
Juicios rápidos: una solución para la okupación y un alivio para los propietarios
Los propietarios afectados por la okupación consideran esta reforma como un rayo de esperanza. De acuerdo con diversas asociaciones de damnificados, la eliminación de obstáculos legales representa un avance significativo; sin embargo, advierten que aún queda un largo camino por recorrer para asegurar la protección efectiva de los derechos de los dueños de inmuebles.
A pesar de estas mejoras, persisten problemas como la inquiokupación, en la que los inquilinos cesan el pago del alquiler y se resisten a abandonar la vivienda. Este fenómeno continúa siendo un desafío para el sistema judicial y los legisladores, quienes deben encontrar soluciones adecuadas.
Con esta reforma, España avanza en la lucha contra la okupación y busca equilibrar los derechos de los propietarios con las necesidades sociales. A partir de ahora, los menores dejarán de ser una excusa para vulnerar la ley, garantizando su protección a través de otras medidas específicas y adecuadas.