El Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, que encabeza Óscar López, garantizó a CSIF, CCOO y UGT que los salarios de los empleados públicos subirán un 4,5% en 2027, tal como se había pactado.
Así lo informaron los propios sindicatos tras la reunión de la Comisión de Seguimiento del Acuerdo Marco para la Mejora del Empleo Público y el Servicio a la Ciudadanía, celebrada este martes, según recogió la agencia EFE.
La subida estaba firmada desde hace casi un año. Ahora, el Gobierno se comprometió a cumplirla. Lo que no dijo es cuándo.
El momento no es menor. Faltan poco más de cinco semanas para las elecciones generales del 29 de noviembre. Y los sindicatos aprovecharon el clima electoral para intentar “rascar” algo más, según publicó La Razón.
El acuerdo salarial se cerró en 2025. Fijaba una suba del 2,5% para ese año y, para 2026, una suba fija del 1,5% más otro 0,5% variable, atado a la evolución del IPC. Para 2027, un aumento fijo del 4,5%. Es decir, el 4,5% que el Gobierno confirmó ahora no es una medida nueva. Es la última cuota de un compromiso que ya tenía fecha.
“Cerrado y pactado en todos sus puntos desde noviembre de 2025”, recordó Isabel Araque, secretaria general de UGT Servicios Públicos. La dirigente agregó un antecedente. El Congreso aprobó sin dificultades la suba correspondiente a 2025, pese a que ese año era más complejo por su carácter retroactivo.
Queda una cuenta pendiente. Los sindicatos recuerdan que, cuando el Instituto Nacional de Estadística (INE) publique las cifras definitivas del IPC, el Gobierno también deberá pagar el medio punto variable de 2026, previsto en el acuerdo y avalado por el Real Decreto Ley 14/2025. Según CSIF, se aplicaría en el primer trimestre de 2027.
¿El Gobierno aumentará a los empleados públicos antes de las elecciones?
El Gobierno aún no ha confirmado si el aumento a los empleados públicos será antes de las elecciones, pero el reclamo activo por parte de la UGT sostiene que la suba debería aprobarse antes del 24 de noviembre, de forma innegociable. Esta fecha es la última reunión del Consejo de Ministros antes de las elecciones.
CSIF fue más preciso: reclamó que la suba se apruebe por Real Decreto Ley antes de los comicios, “al igual que va a suceder con el Salario Mínimo Interprofesional”. El objetivo, explicó, es evitar las demoras que implicarían las limitaciones de un Gobierno en funciones. Y aclara: “La norma básica estatal debe estar disponible con suficiente antelación para que las diferentes administraciones (estatal, autonómicas y locales) puedan presupuestar y preparar nóminas, con un criterio homogéneo, teniendo en cuenta especialmente el alza de los precios que se está registrando”.
Los sindicatos también reclamaron cerrar otros capítulos del acuerdo. Entre ellos, la revisión de los complementos de residencia e insularidad.
En junio se pactó actualizar las indemnizaciones vinculadas a esos complementos para unos 11.200 empleados de la Administración General del Estado destinados en Baleares. También se acordó que, antes de diciembre, se definirían las de Ceuta, Melilla, Canarias y el Valle de Arán. Para UGT, son medidas “inaplazables” para cubrir las plantillas y garantizar servicios públicos adecuados en esos territorios.
Según CSIF, el Ministerio expresó su voluntad de actualizar las indemnizaciones por residencia antes de que termine 2026, como prevé el acuerdo.
Hay un problema que el acuerdo salarial no resuelve. La propia administración reconoce que la temporalidad en el empleo público sigue estancada en una media del 27%. En Educación y Sanidad supera el 40%.
Para atacarlo, Función Pública informó que trabaja con las comunidades autónomas en una reforma del artículo 10 del Estatuto Básico del Empleado Público. La idea es definir allí qué se considera abuso de la temporalidad y fijar sanciones, que podrían llegar al cese de los gestores de las administraciones que incumplan.
CSIF, que hace tiempo reclama “sanciones ejemplares”, pide “eliminar la tasa de reposición”, que los “procesos de selección no duren más de un año” y “reforzar los controles y las medidas de reparación para los afectados”.
Los sindicatos ya piensan en el día después. CSIF anticipó que prepara propuestas para los partidos políticos. Entre ellas, “recuperar la estructura salarial previa a los recortes de 2010″. Desde entonces, según sus cálculos, se les “retuvieron a los empleados públicos 48.000 millones de euros”.
También pedirá equiparar los salarios entre administraciones, un plan de empleo para reforzar los servicios públicos y un pacto de Estado en materia de vivienda que contemple compensaciones por residencia para los empleados públicos.