La Unión Europea prepara un cambio en las normas que regulan el uso del dinero en efectivo. A partir del 10 de julio de 2027, comenzará a aplicarse una nueva normativa comunitaria que establecerá un límite máximo de 10.000 euros para determinados pagos realizados en metálico en los Estados miembros.
La medida está recogida en el Reglamento (UE) 2024/1624, aprobado el 31 de mayo de 2024 y publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE) el 19 de junio de ese año. Su objetivo es establecer un marco común para prevenir el blanqueo de capitales y dificultar la financiación del terrorismo.
Sin embargo, el cambio no afectará de la misma manera a todos los países. España ya prohíbe los pagos en efectivo de 1000 euros o más en operaciones en las que interviene un empresario o profesional, por lo que mantendrá este límite más restrictivo.
¿Cuál será el nuevo límite para pagar en efectivo a partir del 10 de julio de 2027?
El artículo 80 del Reglamento (UE) 2024/1624 establece que las personas que comercien con bienes o presten servicios solo podrán aceptar o efectuar pagos en efectivo por un importe máximo de 10.000 euros o su equivalente en otra moneda.
La restricción se aplicará tanto a las operaciones realizadas en un único pago como a aquellas que se dividan en varias transacciones aparentemente relacionadas. De esta manera, la normativa busca impedir que una compra de gran valor se fraccione para eludir el límite.
El reglamento también contempla determinadas excepciones. Entre ellas se encuentran los pagos realizados entre particulares que no actúen en calidad de profesionales y determinadas operaciones efectuadas en entidades financieras.
La nueva regulación persigue tres objetivos principales:
- Combatir el blanqueo de capitales: dificultar la utilización de grandes cantidades de efectivo en operaciones comerciales.
- Unificar las normas europeas: establecer un límite común para evitar diferencias excesivas entre Estados miembros.
- Mejorar el control de las operaciones: reducir el riesgo de utilización del dinero en metálico para actividades ilícitas.
No obstante, la Unión Europea permite que los países mantengan o adopten límites nacionales inferiores a los 10.000 euros.
¿Cuánto dinero se podrá pagar en efectivo en España en 2027?
Aunque la normativa europea fija un máximo de 10.000 euros, en España seguirá aplicándose el límite general de 1.000 euros para las operaciones en las que alguna de las partes actúe como empresario o profesional.
Esta restricción entró en vigor en julio de 2021, después de la aprobación de la Ley 11/2021, de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal, que redujo el límite anterior de 2500 euros.
Por tanto, el nuevo reglamento europeo no permitirá realizar compras en efectivo de hasta 10.000 euros en comercios españoles cuando la legislación nacional establezca una cantidad inferior.
Compra o servicio con un empresario o profesional
No se permite pagar en efectivo 1.000 euros o más.
Pago efectuado por un particular sin domicilio fiscal en España, que no actúe como empresario o profesional.
No se permite pagar en efectivo 10.000 euros o más.
Operación entre dos particulares que no actúen como profesionales
No se aplica el límite general de 1.000 euros.
El reglamento comunitario establece expresamente que los límites nacionales inferiores continuarán aplicándose. En consecuencia, no está previsto que el nuevo máximo europeo sustituya automáticamente las restricciones españolas.
¿Qué multas puede imponer Hacienda por superar el límite de pagos en efectivo?
La legislación española establece sanciones para quienes incumplan las restricciones sobre el uso de dinero en metálico en operaciones comerciales. Según la Agencia Tributaria, superar el límite legal constituye una infracción administrativa grave, que puede afectar tanto a quien realiza el pago como a quien recibe el dinero.
La multa general equivale al 25% de la cantidad abonada en efectivo cuando se incumple la normativa.
Por ejemplo, si una persona paga 2000 euros en metálico por una operación comercial sujeta al límite de 1000 euros, la sanción inicial sería de 500 euros, sin perjuicio de las reducciones legalmente previstas.
Además, Hacienda contempla una reducción del 50% de la sanción cuando se cumplen determinados requisitos de pago voluntario.
La normativa también establece que una de las partes puede quedar exenta de responsabilidad si denuncia el incumplimiento ante la Agencia Tributaria dentro de los tres meses posteriores a la operación e identifica a la otra parte.
Por este motivo, las autoridades recomiendan conservar los justificantes de las operaciones realizadas mediante medios de pago distintos del efectivo cuando estén sujetas a estas restricciones.