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En cualquier relación de alquiler, el pago debe quedar reflejado por escrito. En España, la ley es clara: el recibo de alquiler es una garantía esencial tanto para el inquilino como para el propietario.
En la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) se establece que el dueño de la vivienda está obligado a entregar un recibo al arrendatario cada vez que se paga la renta.
Este documento funciona como prueba legal del cumplimiento de la obligación de pago y es fundamental para proteger a ambas partes en caso de conflicto o reclamación futura.
Por qué es obligatorio el recibo de alquiler
La LAU, en su artículo 17.4, establece que el arrendador debe entregar un recibo o documento acreditativo que detalle las cantidades pagadas, incluyendo renta y posibles gastos adicionales.
Este documento es esencial para acreditar que el inquilino ha cumplido con sus obligaciones económicas, mientras que el propietario demuestra la correcta percepción del pago.
Cuáles son las consecuencias por no entregar el recibo
Si el dueño no entrega el recibo, los gastos derivados de que el inquilino demuestre el pago corren por cuenta del arrendador. Así lo establece claramente la ley: cualquier coste adicional que surja para justificar ese pago debe asumirlo el propietario.
En la práctica, esto implica que el inquilino puede enviar una reclamación formal -por ejemplo, mediante burofax- para exigir el recibo y, si persiste el incumplimiento, reclamar judicialmente para que se le indemnicen esos gastos.
En qué casos el dueño no está obligado a dar el recibo de alquiler
Aunque la norma general es la obligación de entregar un recibo, la propia LAU contempla algunas excepciones. El propietario puede quedar eximido de esta obligación si en el contrato se pacta un sistema alternativo de acreditación del pago que tenga validez legal.
Por ejemplo, el acuerdo puede establecer que el inquilino conserve justificantes de pago emitidos por plataformas de gestión de alquileres o por entidades financieras que certifiquen de forma automática la operación.
En estos supuestos, el recibo tradicional puede ser sustituido por otros documentos acreditativos siempre que estos reflejen con claridad el concepto pagado, la cuantía y la fecha de la operación.
En defensa de los derechos del inquilino
El recibo no es un formalismo, ya que protege al inquilino en caso de conflicto con el arrendador ante dudas sobre pagos realizados o en el caso de quienes solicitan ayudas sociales donde se exige justificar la renta.
Además, si el propietario se niega sistemáticamente a emitir recibos o actúa de forma fraudulenta, el inquilino puede acudir a la vía administrativa o judicial para exigir el cumplimiento legal.
De esta manera, queda claro que el recibo de alquiler no es un papel cualquiera, sino un mecanismo de seguridad jurídica y transparencia. Si el propietario omite entregarlo, el inquilino tiene herramientas legales para defender su derecho y evitar problemas futuros.
