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En España existen más de 2,5 millones de viviendas clasificadas como segundas residencias, de acuerdo con los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). Ya sea una casa de campo o un apartamento en la costa, gran parte de estos inmuebles permanecen vacíos durante la mayor parte del año.
Esta situación ha llamado la atención del Gobierno, que considera que mantener tantas propiedades fuera del mercado es un factor que agrava la escasez de vivienda en alquiler. Por eso, hay una proposición de Ley para imponer un nuevo impuesto.
Propietarios de segundas residencias, en el punto de mira
El pasado 22 de mayo, el PSOE registró una proposición de Ley con un objetivo claro: endurecer la presión fiscal sobre los propietarios de viviendas vacías o consideradas segunda residencia. La propuesta contempla un aumento del porcentaje aplicado en la base imponible del IRPF, que pasaría del actual 1,1%-2% hasta un 3%.
La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, señaló que esta iniciativa forma parte de un paquete de medidas que el Ejecutivo quiere activar en cuanto se abra una nueva oportunidad en el cupo de iniciativas parlamentarias. Aunque en un primer momento se preveía para la primera quincena de junio, aún no se ha fijado una fecha concreta.
De aprobarse, el cambio afectaría a segundas, terceras o incluso cuartas residencias, y modificaría la forma en que se calcula la tributación: ya no sería una simple suma del valor catastral, sino que se introducirían nuevos tramos según el valor de cada inmueble. Así, por ejemplo, un propietario con una vivienda vacía valorada en 200.000 euros vería cómo su tributación pasaría de 2.200 a 2.600 euros anuales, un aumento de 400 euros que podría ser mucho mayor en viviendas de valor elevado. El valor catastral, en este caso, lo determina el Catastro Inmobiliario, dependiente del Ministerio de Hacienda.
Economistas cuestionan la efectividad de los nuevos impuestos
El Consejo General de Economistas (CGE), a través de su Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF), ha manifestado su desacuerdo con la medida propuesta por el PSOE. "No creemos que aumentar el coste fiscal induzca a que los propietarios pasen a ofrecer el inmueble en alquiler", señalaron.
Desde el REAF también se han expresado críticas hacia otras decisiones del Ejecutivo en materia de vivienda, como el incremento del IVA al 21% en los pisos turísticos. A juicio de los economistas, esta medida podría provocar un desplazamiento de la oferta hacia el sector hotelero y terminar afectando negativamente al turismo, una de las principales fuentes de ingresos del país.
En cualquier caso, la futura tramitación parlamentaria será clave para determinar si esta nueva propuesta fiscal se convierte en ley o queda en una simple iniciativa legislativa. Por ahora, el debate sigue abierto entre la intención de movilizar vivienda vacía y las voces que advierten de los posibles efectos adversos en la economía y el mercado inmobiliario.