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La discusión sobre la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales ha entrado en un terreno de tensión política y sindical. El debate, previsto en el Congreso de los Diputados para la próxima semana, llega en medio de diferencias entre el Gobierno, la oposición y las organizaciones sindicales.
Desde el Ministerio de Trabajo se había decidido en julio aplazar esta discusión para dar margen a nuevas negociaciones. Sin embargo, la decisión de PP, Vox y UPN de forzar el trámite de urgencia ha reactivado el calendario y abierto un escenario de incertidumbre.
Los sindicatos, especialmente la Unión General de Trabajadores (UGT), han manifestado su preocupación por lo que consideran una precipitación que podría debilitar la medida. La organización teme que la votación se convierta en un revés político que afecte directamente a los empleados.
Pepe Álvarez advierte sobre un debate adelantado
El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, aseguró en un encuentro informativo recogido por EFE que "la fecha es prematura" y reclamó más tiempo para alcanzar consensos con Junts antes de que el proyecto llegue al pleno del Congreso.
Lejos de dar el tema por cerrado, el líder sindical subrayó: "No damos nada por hecho (...) el resultado está abierto". En este sentido, reconoció que la próxima semana "va a haber muchas dudas y reuniones", y se mostró dispuesto a seguir negociando hasta el último momento.
Álvarez fue más allá al advertir que un rechazo parlamentario supondría un daño directo para los trabajadores. "No nos gustaría que se dé una patada al Gobierno en el culo de los trabajadores de Cataluña", declaró, al considerar que esta situación equivaldría a "secuestrar la voluntad de los ciudadanos".
Críticas a la oposición y llamados al Gobierno
El líder sindical acusó a los partidos opositores de buscar bloquear el debate. Según Álvarez, la estrategia de PP y Vox responde a un interés en frenar un proyecto que cuenta con amplio respaldo social:"Hay temas que duran tiempo (...) no se consiguen de la noche a la mañana", subrayó.
En ese marco, defendió que si la iniciativa no supera el trámite parlamentario, "el Gobierno tiene que volver a ponerlo en marcha", manteniendo viva la reducción de jornada como prioridad en la agenda laboral.
Álvarez también reclamó al Ejecutivo dar luz verde cuanto antes a la norma sobre el registro horario, que en su opinión no debería estar incluida en el mismo paquete legislativo, y abrir una mesa de negociación para reformar el despido.
Más allá de la jornada: despido, salario mínimo y vivienda
El secretario general de UGT anunció que el sindicato apoyará el recurso que se presentará ante el Tribunal Constitucional tras la decisión del Supremo de impedir que la indemnización por despido improcedente pueda incrementarse en vía judicial. "Hay que cumplir con la carta europea", defendió.
Además, Álvarez planteó un escenario más amplio de negociación con la patronal CEOE y con CCOO. Entre los puntos clave, destacó la necesidad de un incremento del salario mínimo interprofesional (SMI) por encima de la inflación en 2026.
El sindicalista incorporó a este debate otra de las preocupaciones centrales para los trabajadores: el acceso a la vivienda. "Es imposible que con los salarios se pueda sobrevivir, especialmente en las zonas más tensionadas (...) Es un hándicap también para las empresas: no van a encontrar mano de obra en zonas donde el alquiler de una habitación se lleva el 50 % de tu salario", reflexionó.
Un debate que marcará la agenda social
El futuro de la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales está ahora en manos de las negociaciones políticas que se sucederán en los próximos días. El posicionamiento de Junts será decisivo para el desenlace, mientras que sindicatos como UGT mantienen la presión para que la medida avance sin convertirse en un daño colateral de las disputas parlamentarias.
El debate sobre el tiempo de trabajo, la protección frente al despido, el salario mínimo y la vivienda vuelve a situarse en el centro de la agenda social y política, con los sindicatos reclamando que la prioridad siga siendo mejorar las condiciones de vida de los trabajadores.
