En esta noticia
Una reforma largamente esperada por el sector del transporte profesional está a punto de convertirse en realidad. El Gobierno español, a través del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, ha anunciado que ultima la normativa que permitirá aplicar coeficientes reductores a la edad de jubilación para trabajadores expuestos a condiciones laborales especialmente penosas.
Entre los principales beneficiarios figuran los conductores de vehículos pesados, autobuses, autocares, taxis y transporte urbano.
"Es una cuestión de justicia social. Estamos reconociendo el desgaste que supone pasar décadas al volante en condiciones adversas", afirmó la ministra Elma Saiz. La medida, según la funcionaria, será aprobada en "cuestión de semanas" y marcará un antes y un después en la protección de derechos para uno de los sectores más sacrificados del mercado laboral español.
Durante años, sindicatos, patronales y asociaciones profesionales han exigido al Estado un marco regulatorio que reconozca los riesgos físicos y mentales que conlleva la conducción profesional.
Las cifras respaldan esta demanda: solo en el transporte de mercancías por carretera trabajan más de 180.000 conductores afiliados, a los que se suman otros 60.000 en el transporte de pasajeros y decenas de miles más en otros servicios urbanos y discrecionales.
¿Quiénes podrán jubilarse antes?
Los nuevos coeficientes reductores permitirán adelantar la jubilación en función del tiempo trabajado en condiciones penosas. Esta fórmula ya existe en otros colectivos como mineros o bomberos, pero hasta ahora no se había aplicado al transporte profesional. El objetivo es claro: compensar el desgaste acumulado tras años de trabajo con turnos irregulares, estrés constante, jornadas prolongadas y exposición a vibraciones o accidentes.
Según estimaciones oficiales, entre 250.000 y 300.000 conductores profesionales podrían acogerse a este beneficio, incluyendo tanto asalariados como autónomos. La medida alcanzará a quienes acrediten una trayectoria laboral prolongada en condiciones que afectan directamente a su salud física y mental.
Desde FETRANSA subrayan que el debate debe mantenerse abierto también para los transportistas autónomos: "Seguiremos con las acciones necesarias para alcanzar el objetivo de la implementación de un sistema de jubilaciones anticipadas para el colectivo de los transportistas autónomos", aseguraron en un comunicado.
Un cambio que puede frenar el envejecimiento del sector
El transporte profesional enfrenta un problema grave de envejecimiento de plantilla. La dureza del trabajo y la falta de atractivo para las nuevas generaciones han provocado un déficit de conductores en toda Europa. Para las organizaciones del sector, esta reforma podría ser un incentivo clave.
"Si se reconocen las condiciones reales del trabajo y se permite una jubilación anticipada justa, podremos atraer a más jóvenes y asegurar el relevo generacional", señaló un portavoz de Confebus. En la misma línea, Fenadismer y CETM destacan que el cambio legislativo no solo protege derechos, sino que también mejora la competitividad del sector.
La aprobación de esta norma culminará más de una década de negociaciones. En 2011 se establecieron las bases legales con el Real Decreto 1698/2011, pero no se desarrollaron los reglamentos necesarios. Fue en 2018 cuando UGT y CCOO relanzaron la demanda, y en 2021 comenzó el diálogo técnico con el Ministerio.
El punto de inflexión llegó en julio de 2023, cuando el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST) concluyó que el sector cumple los criterios objetivos de penosidad. Desde entonces, la presión sindical se ha intensificado: "No podemos seguir mirando para otro lado", declararon desde CCOO, que incluso prepara movilizaciones para exigir la entrada en vigor inmediata del nuevo marco.
El impacto laboral y la nueva propuesta del PP sobre controles médicos
Mientras se avanza hacia la jubilación anticipada, otra medida divide al sector: la proposición de ley del Partido Popular que busca instaurar controles anuales obligatorios de alcohol y drogas para todos los conductores profesionales. La iniciativa permitiría a las empresas realizar estas pruebas "siempre que lo estimen oportuno".
La exposición de motivos del PP afirma que "este colectivo tiene un riesgo particularmente elevado de sufrir o provocar un accidente de tráfico". En 2023, los vehículos de transporte de mercancías estuvieron implicados en más de 14.000 accidentes durante días laborales. Froet, una de las patronales del transporte, ha apoyado la propuesta: "Es un paso crucial para la seguridad vial y laboral".
Sin embargo, algunas voces del sector consideran que la medida podría estigmatizar a los trabajadores. "La mayoría cumple con su trabajo con profesionalismo. No se puede cargar la responsabilidad del sistema en quienes ya trabajan bajo presión constante", apuntó un representante sindical.