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España vivirá en junio uno de los mayores procesos de renovación de su plantilla estatal. Con una previsión de 40.000 nuevas plazas para este mes, el Gobierno se prepara para suplir la inminente salida de hasta 330.000 funcionarios que alcanzarán la edad de jubilación en 2025. La cifra podría superar el millón y medio en los próximos diez años.
Esta convocatoria, que será oficializada con la publicación de la Oferta de Empleo Público (OEP), impactará directamente en áreas clave como Justicia, Hacienda, Sanidad, Educación y las Fuerzas de Seguridad.
La demanda de nuevos perfiles también alcanzará a sectores tecnológicos, donde la administración busca fortalecer su capacidad en ciberseguridad y gestión digital.
¿Qué sectores concentran la mayor parte de las nuevas vacantes?
Los puestos públicos se distribuirán principalmente en organismos con funciones estratégicas para el funcionamiento del Estado. El mayor número de vacantes se espera en la Administración General, que incluye ministerios, organismos autónomos y agencias estatales. También se asignarán miles de plazas a la Agencia Tributaria y a los cuerpos judiciales y administrativos.
En paralelo, Educación y Sanidad requerirán personal especializado para reforzar los servicios esenciales, especialmente en comunidades autónomas con déficit estructural.
Las Fuerzas de Seguridad, incluyendo Guardia Civil y PolicíaNacional, también ampliarán sus convocatorias, mientras que los perfiles digitales ganan terreno como respuesta a la transformación tecnológica de la administración pública.
¿Quiénes pueden postularse a estas nuevas convocatorias?
Aunque tradicionalmente los opositores han sido jóvenes en búsqueda de estabilidad laboral, el perfil de quienes se presentan a las oposiciones se ha diversificado.
Actualmente, casi uno de cada diez aspirantes tiene más de 50 años. Este grupo busca un empleo que les brinde seguridad económica hasta su jubilación, en muchos casos combinando la preparación con su trabajo actual.
El grupo más numeroso aún se encuentra entre los 18 y 30 años, seguido por quienes tienen entre 30 y 50. Sin embargo, el crecimiento sostenido del interés en opositar por parte de mayores de 50 refleja una tendencia al alza que modifica la composición tradicional del funcionariado.
