En esta noticia
Miles de conductores en España respiran aliviados ante una irregularidad administrativa que lleva dos décadas generando controversia. Según una reciente información, más de 7000 municipios no estarían comunicando a la Dirección General de Tráfico (DGT) las sanciones que conllevan la retirada de puntos del carnet de conducir.
Esto crea un agravio comparativo evidente: en algunos pueblos y ciudades se aplican las consecuencias completas de las multas, mientras que en la mayoría solo se paga la sanción económica. El permiso por puntos, que cumple 20 años en 2026, vuelve a estar en el centro del debate por su aplicación desigual en todo el territorio.
¿Por qué hay municipios que no informan la pérdida de puntos del carnet de conducir?
La medida del carnet por puntos entró en vigor en julio de 2006 bajo el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Desde entonces, algunos ayuntamientos mostraron resistencia y optaron por no facilitar a la DGT los datos de las infracciones cometidas en vías urbanas.
Veinte años después, esta situación persiste. Según datos oficiales de la DGT, solo una minoría de municipios comunica diariamente las detracciones de puntos, lo que representa más del 87% de las localidades españolas que no lo hacen de forma regular.
¿Qué revelan los datos oficiales de la DGT?
La DGT publica anualmente los datos municipales, sanciones y puntos, disponibles en su web y en datos.gob.es. El fichero correspondiente a 2023 permite comprobar las enormes diferencias entre consistorios.
Mientras grandes ciudades como Madrid o Murcia registran miles de sanciones con pérdida de puntos, muchos municipios pequeños aparecen con cero o cifras simbólicas, a pesar de imponer multas de tráfico.
Esta falta de comunicación no afecta al cobro económico —que sí llega a las arcas municipales—, pero sí impide que los conductores pierdan los puntos correspondientes.
Razones detrás de la falta de comunicación
Las principales causas son:
- Ausencia de mecanismos de control efectivos por parte de la DGT sobre los ayuntamientos.
- Problemas técnicos o de conexión con el Sistema de Información del Permiso por Puntos (SIPP), que persisten desde hace años.
- Resistencia histórica de algunos consistorios a la medida centralizada del Gobierno.
La normativa obliga a notificar las sanciones graves o muy graves en un plazo máximo de 15 días naturales tras su firmeza. Sin embargo, no existen sanciones claras para los ayuntamientos que incumplen esta obligación.
¿Cómo impacta en los conductores y la seguridad vial?
Esta situación beneficia a los conductores que circulan habitualmente por municipios “laxos”, pero genera inseguridad vial y desigualdad. Organizaciones como Automovilistas Europeos Asociados (AEA) llevan años denunciando que entre el 65% y el 70% de los ayuntamientos no comunican correctamente las detracciones.
La DGT recomienda consultar siempre el saldo de puntos a través de su app o sede electrónica. Mientras tanto, algunos ayuntamientos han optado por delegar la gestión sancionadora completa a las Jefaturas Provinciales de Tráfico para cumplir correctamente con la norma.