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A lo largo de toda su vida laboral, la mayoría de los trabajadores piensan en el día de su jubilación. En España, la edad ordinaria de jubilación es de 66 años y 8 meses, pero aquellos que han cotizado al menos 38 años y tres meses puede optar por una jubilación anticipada.
Sin embargo, el Consejo de Ministros aprobó a fines de mayo el Real Decreto para modificar el procedimiento previo para determinar los supuestos que permiten anticipar la edad de jubilación en el sistema de la Seguridad Social. De esta manera, se establecieron nuevos coeficientes reductores que modifican los años que se deben cotizar hasta poder optar por la jubilación anticipada.
Según la propuesta del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, se han establecido nuevos criterios específicos para que cierto grupo de ciudadanos pueda disfrutar de un anticipo en su edad ordinaria de jubilación. Aquellos trabajadores que desarrollan una actividad profesional en ocupaciones de naturaleza excepcionalmente penosa, peligrosa o insalubre, con altos índices de morbilidad o mortalidad, podrán gozar de un régimen de jubilación preferencial.
Los factores que influyen en la edad de jubilación anticipada
El Real Decreto aprobado ofrece definiciones precisas sobre las profesiones que cumplirían los requisitos de peligrosidad necesaria para que sus trabajadores puedan reducir la edad de jubilación. Dentro de esos criterios se encuentran la exposición a temperaturas extremas, ruido o vibraciones, el uso permanente de la fuerza física o la exposición a agentes físicos, químicos o biológicos peligrosos.
"En cuanto a la toxicidad, estarán bajo esta condición los trabajos con exposición a agentes físicos, químicos o biológicos agresivos o nocivos", explican desde el Ministerio de Seguridad Social. Sumado a eso, desde el organismo público añaden que la peligrosidad contempla actividades "susceptibles de causar un accidente laboral o enfermedad profesional al trabajador con un mayor grado de incidencia o frecuencia que otros trabajos".
Por último, se refieren con insalubridad a actividades con exposición a un ambiente susceptible de ser perjudicial para la salud del trabajador. "Este cambio normativo nos acerca a las políticas aprobadas por países de nuestro entorno, como es el caso de Francia, Austria o Italia que ya contemplan procedimientos parecidos para determinar la posibilidad de la jubilación anticipada del trabajador por razón de su actividad profesional", añaden fuentes gubernamentales.
La lista de empleos que podrán optar por una jubilación anticipada
Desde el Ministerio confirmaron que el procedimiento para establecer coeficientes reductores en la edad de jubilación no afectará a los trabajadores que ya disfrutan de esta anticipación. Este es el caso de los trabajadores sujetos al Estatuto Minero, el personal de vuelo de trabajos aéreos, los trabajadores ferroviarios, los profesionales taurino, los bomberos y los miembros de las policías locales.
Únicamente se aplicará este procedimiento a nuevos colectivos, sectores y actividades u ocupaciones de grupos de trabajo que actualmente no tienen esta posibilidad. Además, la pensión de jubilación anticipada por aplicación de coeficientes reductores reconocidos a la actividad no se podrá compatibilizar con el desempeño de la misma actividad que originó la anticipación. Para determinar si una profesión es penosa, el Gobierno utilizará una serie de indicadores objetivos:
- La incidencia del número total de procesos de Incapacidad Temporal del colectivo durante un periodo de observación, en relación con el total de personas trabajadoras del colectivo para cada grupo de edad y sexo.
- Un indicador de duración media que mide el número total de días de los procesos en relación con el número total de procesos.
- La incidencia de sucesos graves, que mide el número total de fallecimientos e incapacidad permanente del colectivo en relación con la cantidad total de trabajadores.
Una vez establecidos los indicadores, la Seguridad Social elaborará un informe de morbilidad y mortalidad. Una vez completado, serán las organizaciones empresariales, sindicales y de autónomos las que realizarán conjuntamente la solicitud para iniciar el proceso de reconocimiento de estos coeficientes especiales al organismo público.
