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La eliminación de la figura del piso de uso turístico (VUT) en Barcelona sigue su curso de forma firme. El alcalde de la Ciudad Condal, Jaume Collboni, confirmó a la plataforma Airbnb la decisión municipal de no renovar ni otorgar nuevas licencias, lo que conllevará la extinción, para finales de 2028, de las aproximadamente 10.000 viviendas temporales que operan legalmente en la ciudad.
Esta medida se ampara en la normativa reguladora del suelo y la vivienda aprobada en Cataluña y supone la desaparición completa del modelo de apartamento turístico en el término municipal barcelonés para 2028. Sin embargo, la decisión ha encendido las alarmas en el sector empresarial y comercial ante el impacto económico que provocará la medida.
El impacto económico que tendrá eliminar los pisos para el turismo
Un estudio elaborado por la consultora PwC, bajo el título “Impacto de la eliminación de las viviendas de uso turístico en Barcelona” y presentado por la socia Anna Merino, detalla las repercusiones económicas de esta decisión:
- Aportación al PIB local: la contribución directa, indirecta e inducida de las viviendas turísticas generó 1.928 millones de euros en 2023, lo que equivale al 1,9% del PIB total de Barcelona y al 14,5% de su PIB turístico.
- Empleo en riesgo: la medida pone en peligro más de 40.000 puestos de trabajo vinculados a la actividad.
- Efecto multiplicador: por cada euro de ingreso directo derivado de los pisos turísticos, se generan 3,5 euros adicionales en la economía local.
- Sectores afectados: el impacto indirecto e inducido se distribuye en sectores clave como la restauración (331 millones de euros), el comercio minorista (181 millones) y el ámbito del ocio y la cultura (134 millones).
Asimismo, las viviendas turísticas representan cerca del 40% de la oferta de alojamiento en la ciudad, con una estancia media de cuatro noches por visitante, lo que podría comprometer la competitividad de Barcelona frente a la celebración de congresos y grandes eventos internacionales.
El debate sobre el precio del alquiler
El informe de PwC desvincula la escalada de los precios del alquiler de la presencia de apartamentos turísticos. Según los datos expuestos, las licencias activas representan solo el 1,2% del parque total de viviendas en la capital catalana (unas 10.000 unidades), un porcentaje calificado como insuficiente para alterar significativamente las dinámicas del mercado inmobiliario.
El estudio de PwC subraya además otros factores clave:
- Evolución del parque: las ofertas de pisos turísticos solo aumentaron un 2,2% en la última década gracias a las restricciones impuestas desde 2014, periodo en el que además se clausuraron unos 6000 pisos ilegales.
- Causa del encarecimiento: mientras que los precios del arrendamiento residencial han aumentado un 72% en los últimos diez años, los expertos atribuyen esta subida a la falta de oferta, la alta demanda y la escasez de vivienda pública.
- Reacción de los propietarios: encuestas realizadas a propietarios revelan que la gran mayoría no destinará sus inmuebles al alquiler de larga duración tras la prohibición, decantándose por la venta o por el uso propio.
Aval judicial a la extinción de licencias y el freno al registro único
El escenario regulatorio del alquiler vacacional en España ha quedado definido por dos fallos clave. Por un lado, el Tribunal Constitucional ratificó el decreto ley catalán que faculta a los ayuntamientos a revocar licencias turísticas a los cinco años, determinando que no vulnera la propiedad privada ni la libertad de empresa.
Por otro lado, el Tribunal Supremo anuló el intento del Gobierno central de imponer un registro único estatal de pisos turísticos (Real Decreto 1312/2024), al considerar que invadía las competencias exclusivas que las comunidades autónomas tienen en materia de turismo.
Más control vecinal y registro estricto de viajeros
Más allá del ámbito autonómico y municipal, el marco normativo actual refuerza el control comunitario y la seguridad en todo el país. Gracias a la reforma de la Ley de Propiedad Horizontal respaldada por la jurisprudencia del Supremo, las comunidades de propietarios pueden vetar o restringir el uso turístico en sus edificios si logran una mayoría de tres quintas partes (60%) de los votos y cuotas.
Asimismo, sigue plenamente vigente el Real Decreto 933/2021 (SES.HOSPEDAJES), que exige a propietarios y plataformas reportar en menos de 24 horas la identidad de todos los huéspedes al Ministerio del Interior.