En medio de las tensiones con los gobernadores por la distribución de los fondos se abre un nuevo frente de presión por la reactivación de la obra pública. En el mismo día en el que se conoció una medida cautelar contra el cierre de Vialidad Nacional y el Gobierno anunciara que apelará la medida, el Grupo de los 6 junto a la CGT y la UOCRA pidió que se avance en la obra pública. El pedido más concreto vino de la mano de Gustavo Weiss, titular de la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO) muy criticada por el Gobierno. El planteo concreto fue que el Gobierno distribuya los fondos que recauda por el impuesto a los combustibles y que tenía como objetivo la financiación de la obra pública. "El gobierno tiene fondos específicos que recauda y no lo está aportando para las obras", sostuvo Weiss. Además, subrayó que los gobernadores, a través del Congreso, pidieron la distribución de los fondos que la Nación recauda y no gasta "en lo que corresponde". Ese dinero, subrayó, está disponible. También recordó que hay obras con financiamiento internacional que también están paralizadas. Los fondos no ejecutados abonan al superávit fiscal, bastión fundamental para el equipo económico. Por último, deslizó una alternativa: la venta de acciones del FGS. Es que, según explicó, el Fondo de Garantías de Sustentabilidad de la ANSES debe invertir gasta el 50% en actividades productivas. En la actualidad se destina a estas actividades el 5%, de los cuales solo el 20% está destinado a infraestructura. Cabe aclarar que esta operatoria no demandaría fondos del Tesoro. Estimaciones de los privados indican que, de vender las acciones que tiene el Estado a través de la ANSES en empresas privadas a precios de hoy representarían más de u$s 40 mil millones de dólares. Este monto podría aumentar tras el anuncio de que el Estado podría desprenderse de las acciones porque implicaría una suba de las acciones ante el anuncio de que dejaría de participar en el directorio. El dirigente de la construcción agregó que la falta de mantenimiento de las obras existentes implican una pérdida anual de u$s 24 mil millones. La alternativa que impulsa el Gobierno, y que los empresarios también respaldaron, es la del financiamiento de infraestructura sea por los privados o por mercado de capitales. Para Javier Bolzico, titular de la cámara de bancos ADEBA, la dificultad que enfrenta esta alternativa es la estabilidad institucional dados los plazos de repago que precisan estas inversiones, pensados a veinte años. En el mismo sentido se manifestó el presidente de la Cámara de Comercio (CAC), Mario Grinman, quien recordó que no avanzaron las licitaciones de las rutas 12 y 14, fundamentales para el comercio exterior, ya que la tarifa postulada no se acercaba a los parámetros internacionales. "Estamos en año electoral. Ustedes vieron que hay tarifas pisadas. Es un problema de confianza", dijo el empresario, quien agregó que en un modelo de inversión privada "el Gobierno tiene que pensar cómo apuntalar ese arranque. El inicio va a ser difícil sin política que garantice que la inversión se apalanque". Por último, mandó también un mensaje a los gobernadores y el Congreso, para que "dejen de lado peleas partidarias y piensen en lo mal que lo pasan los sectores". Adelmo Gabbi, presidente de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, explicó que en el mercado de capitales se barajan alternativas para financiar obras de infraestructura: "Es injusto que los que estamos aquí paguemos todo el déficit de infraestructura que hay en el país de golpe, porque vamos a gozar una cantidad determinada de años. Las obras se van a usar por muchos años. Para eso hay que buscar el mercado de capitales". Además, garantizó: "Lo que sobra en Argentina es dinero, faltan oportunidades para invertir". La falta de mantenimiento de las rutas y caminos implica un costo directo. Para Nicolás Pino, presidente de la Sociedad Rural y anfitrión en la 137 Exposición Rural, explicó que el sector tiene entre sus factores de mayor costo a los fletes que, sostuvo, deriva de que el dueño del flete asume el riesgo de las roturas de los camiones por circular donde solía haber un camino para sacar la producción. El planteo por las condiciones de la infraestructura ya había sido planteado por la Mesa de Enlace. La titular de la Federación Agraria, Andrea Sarnari, sostuvo que con dos cosechas más, las rutas quedarán intransitables. "Si la inversión no se hace, va a ser difícil salir de esta trampa donde estamos. El Gobierno tiene que tomar medidas que generen la condición para que los que quieren invertir, puedan asumir la responsabilidad", agregó Pino. Quien cuestionó el modelo fue el dirigente de la UOCRA, Gerardo Martínez, quien sostuvo que el Gobierno decidió cerrar Vialidad Nacional, pero que no avanzó en las licitaciones ni las concesiones para que se mantengan las obras existentes.