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El Gobierno publicó en el Boletín Oficial los dos decretos anticipados por Milei en la cadena nacional de este jueves sobre las Islas Malvinas.
En primer lugar, a través del Decreto 867/2026, se modificó el Presupuesto Nacional para fortalecer las capacidades del Ministerio de Defensa.
Mientras que el Decreto 868/2026 agiliza y refuerza los controles administrativos vigentes sobre la explotación de hidrocarburos en la Plataforma Continental.
Así, el endurecimiento de las penas para quienes realicen actividades de exploración o explotación de hidrocarburos en la plataforma continental argentina sin autorización del Gobierno quedará reservado para un futuro proyecto de ley, según explicó el propio Milei.
Refuerzo presupuestario para Defensa
El primer decreto dispone una reasignación presupuestaria para reforzar los fondos del Ministerio de Defensa y los tres Estados Mayores (Ejército, Armada y Fuerza Aérea), además del Estado Mayor Conjunto. La mayor parte de esos recursos está cargada como “Adelantos a proveedores y contratistas a largo plazo”, una partida típica de compras de equipamiento militar mayor que se abona con anticipos antes de la entrega.
El texto detalla que se busca “fortalecer las capacidades operativas de las Fuerzas Armadas mediante la incorporación, modernización y recuperación de medios y equipamiento”, en sintonía con el discurso de Milei, quien afirmó que la Base Naval en Tierra del Fuego “permitirá convertir a la Argentina en un polo logístico central del Atlántico Sur”.
Parte del financiamiento proviene de la venta de edificios e instalaciones del Estado. El resto sale de otras partidas del Tesoro, con una baja compensatoria en otras áreas presupuestarias.
Más control administrativo y Cancillería como autoridad de aplicación
El segundo decreto designa al Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto como autoridad de aplicación de la Ley 26.659, que prohíbe explotar hidrocarburos en la Plataforma Continental sin habilitación argentina.
Crea además un procedimiento sumarial más ágil, con plazos acotados para que el presunto infractor presente su descargo antes de que se resuelva la sanción, que puede incluir la inhabilitación por varios años y la reversión de las concesiones al Estado.
Como refuerzo de ese esquema sancionatorio, el decreto exige que toda empresa que pida adherirse al RIGI presente una declaración jurada para señalar que no incurre en esas conductas prohibidas, con intervención obligatoria de Cancillería antes de aprobar la adhesión. La misma exigencia se traslada a quien solicite permisos o concesiones bajo la Ley 17.319 de hidrocarburos.
Este es el instrumento con el que el Gobierno busca cerrarle la puerta a cualquier actor vinculado al proyecto Sea Lion —la explotación offshore de Navita Petroleum y Rockhopper Exploration en aguas de Malvinas— al acceso a los beneficios impositivos, aduaneros y cambiarios del régimen de grandes inversiones.
El anuncio de Milei en cadena nacional
En la cadena nacional transmitida la noche del jueves, Milei calificó a los isleños como “una población implantada en un territorio ocupado” sin derecho a la autodeterminación.
El Presidente advirtió que el proyecto Sea Lion tiene fecha de inicio de explotación “en algún momento de los próximos meses”. El discurso del mandatario se dio horas después de que Donald Trump reavivara el debate al sugerir una revisión de la neutralidad estadounidense sobre el conflicto de soberanía con Reino Unido.