El Gobierno frenó el tratamiento de la Ley de Soberanía Nacional por Malvinas en la Cámara de Diputados en medio de un escenario inesperado para la estrategia diplomática de Javier Milei. La decisión llegó después de que Estados Unidos pidiera poner fin al mandato del Comité Especial de Descolonización de las Naciones Unidas (C-24), uno de los principales ámbitos multilaterales en los que la Argentina sostiene su reclamo de soberanía sobre las islas.
La Comisión de Defensa que lidera el diputado Carlos Zapata tenía previsto reunirse esta semana para conseguir dictamen y poder incluir el proyecto en el temario de la sesión convocada para este miércoles 21, junto con Discapacidad, Endeudamiento y Propiedad privada. Sin embargo, el oficialismo resolvió suspender el encuentro para la próxima semana.
El movimiento se produce en un momento de tensión para la política exterior argentina. Washington, principal aliado internacional de Milei, cuestionó la continuidad del organismo de la ONU que cada año insta a la Argentina y al Reino Unido a negociar una salida a la disputa por la soberanía del archipiélago. El planteo estadounidense se formuló el 15 de octubre.
La decisión abre interrogantes sobre el margen de acción del Gobierno en su reclamo por Malvinas y sobre cómo puede compatibilizar su alineamiento con Donald Trump con una política de Estado que el propio Presidente definió como una causa nacional. “Está bajo análisis”, dijo el vocero presidencial, Adrián Ravier, sobre la posibilidad de apoyar o no las intenciones de EEUU.
En el Gobierno consideran que el Comité de Descolonización no sirvió para recuperar el archipiélago o avanzar sobre el reclamo de soberanía pero no tienen definido una estrategia sobre cómo pronunciarse frente a la avanzada de Trump, pese a que la semana pasada ya enviaron un primer gesto alineándose con la abstención en la votación por la resolución contra el colonialismo, tal como contó este medio.
Según indicaron voces de los aliados en Diputados a El Cronista, el oficialismo envió dos borradores avanzando en los pedidos que se hicieron. “Pedimos que diga explícitamente que si hundimos un buque o avión militar hostil de un país extranjero el Congreso tenga la intervención que corresponde en la Constitución”, afirmaron fuentes al tanto de la negociación.
En este sentido, más allá de suspender el debate, tampoco está cerrado el texto final. “Arrimaron bastante, pero era insuficiente, tiene que quedar claro que la autorización es del Congreso”, indicaron.
Por ahora, el oficialismo cedió con el pedido de sumar una comisión Bicameral de control sobre el Consejo de Seguridad y sobre la mesa también está la posibilidad de que sumen integrantes del Congreso en el Consejo, como el presidente de la Cámara de Diputados o el presidente provisional del Senado -no el vicepresidente, dado los antecedentes de cruces con Victoria Villarruel, pese a que así está elaborado el Consejo de EE.UU.-.
A la suspensión de la comisión se suma una versión que circula sobre el alcance de la iniciativa, voces parlamentarias aseguraron que Washington habría planteado reparos ante la posibilidad de que la legislación afecte a empresas estadounidenses con intereses en la región. En ese sentido, en la conferencia de prensa de este lunes el portavoz Ravier no descartó la posibilidad de un pedido de parte de Estados Unidos: “Si hay un pedido o no, no lo sé”, dijo ante la prensa acreditada.
Sin embargo, la posibilidad agrega una incógnita al debate, en particular después de que el Gobierno intensificara las medidas contra las compañías vinculadas con la explotación petrolera en las aguas que la Argentina reclama como propias.
En las últimas semanas, la administración de Milei avanzó contra el proyecto Sea Lion, impulsado por Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration, con acciones judiciales y reclamos internacionales. También recurrió al Tribunal Internacional del Derecho del Mar para intentar frenar el desarrollo petrolero. La eventual incidencia de intereses empresarios estadounidenses sobre el alcance de la ley es, por ahora, una hipótesis.
La abstención en Naciones Unidas
El episodio de este lunes tiene como antesala una decisión de Argentina que generó cuestionamientos sobre la posición del país frente al colonialismo. El jueves 15 de octubre, la delegación nacional se abstuvo en una votación de la Cuarta Comisión de la Asamblea General de la ONU sobre un proyecto impulsado por Rusia para abordar las formas contemporáneas de colonialismo.
La iniciativa obtuvo 85 votos a favor, 49 en contra y 23 abstenciones. El texto incluía referencias a las sanciones económicas unilaterales y a la explotación de recursos naturales en violación de la soberanía de los Estados, dos cuestiones vinculadas con la disputa por los hidrocarburos en Malvinas.
Tal como contó El Cronista en exclusiva, la decisión del Gobierno se enmarcó por el el punto 2 del proyecto, que ubica a las medidas económicas, financieras y comerciales unilaterales entre las expresiones actuales del colonialismo.
En el Gobierno creen que esa definición podía darle al Reino Unido un argumento para presentar las sanciones argentinas contra las petroleras que operan en Malvinas como una práctica colonial, en el momento de mayor tensión bilateral por el proyecto Sea Lion. Hasta ahora, no hubo una pronunciación pública de parte del canciller Pablo Quirno o el presidente al respecto.