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La Cámara de Diputados aprobó durante la madrugada de este jueves el proyecto de Ley de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia Permanente del Sistema de Discapacidad, que obtuvo 237 votos a favor, 9 en contra y 4 abstenciones. La iniciativa, que ahora deberá ser tratada por el Senado, reemplaza el esquema de emergencia vigente por un régimen permanente.
Entre los nueve votos negativos estuvieron Juan Schiaretti, Alejandra Torres, Carlos Gutiérrez, Juan Fernando Brügge, Carolina Basualdo e Ignacio García Aresca, todos diputados de Córdoba referenciados en el gobernador Martín Llaryora. También votaron en contra Natalia de la Sota y Gabriela Estévez, y la mendocina Lourdes Arrieta.
Según explicaron fuentes allegadas a los diputados cordobeses, la decisión respondió a una posición que el bloque había sostenido desde el comienzo del debate: mantener la vía de la emergencia y prorrogarla durante 2027, en lugar de avanzar con un nuevo régimen permanente.
“Nosotros siempre fuimos por la vía de la emergencia. Hay desconfianza con que el gobierno cumpla”, explicaron fuentes del espacio. En esa línea, remarcaron que los diputados cordobeses conocían las negociaciones que el oficialismo llevaba adelante con los bloques dialoguistas y que no compartían las modificaciones que finalmente se incorporaron al texto.
Además, desde Córdoba aclararon que las entidades de Discapacidad en contra estuvieron en contra de la propuesta del Ejecutivo. Dichas instituciones no fueron invitadas en la construcción de la ley y no estuvieron de acuerdo.
La Mesa de Discapacidad de Córdoba incluye a ATI (Asamblea de Trabajadores de la Inclusión), Federación Converger, Colectivo 3 de Diciembre (transportistas) y Capredis (Cámara de Prestadores de Discapacidad de la Provincia de Córdoba).
El planteo de Córdoba ya había quedado plasmado en el proyecto de la diputada Alejandra Torres, presentado en agosto y dictaminado por las comisiones de Discapacidad y Presupuesto y Hacienda. La iniciativa proponía prorrogar hasta el 31 de diciembre de 2027 la Emergencia Nacional en Discapacidad establecida por la Ley 27.793. Entre sus firmantes estuvieron Torres, Basualdo, García Aresca y otros diputados cordobeses de Provincias Unidas.
La diferencia se profundizó durante la sesión. El oficialismo aceptó modificaciones impulsadas por sectores de la oposición para conseguir los votos necesarios y terminó aprobando un texto que mantiene buena parte de las prestaciones del esquema de emergencia, pero las incorpora a un régimen permanente.
Entre otros puntos, contempla la pensión no contributiva, su actualización, la compatibilidad con el empleo formal bajo determinados límites, el nomenclador único de prestaciones y garantías para Incluir Salud.
Uno de los principales negociadores fue el misionero Oscar Herrera Ahuad, quien logró introducir cambios durante el debate. El oficialismo aceptó esas modificaciones y consiguió sumar a sectores del peronismo y de los bloques provinciales. El resultado fue una mayoría de 237 votos que dejó aislado al pequeño grupo que mantuvo el rechazo.
Desde Córdoba explicaron que el problema no estaba en las modificaciones puntuales que finalmente fueron aceptadas, sino en que no alcanzaban, a su criterio, para subsanar el conflicto que atraviesa al sistema de discapacidad.
“Fue Herrera Ahuad el que presentó los cambios acordados, pero no estábamos de acuerdo con esas modificaciones. Sentíamos que no eran suficientes para poder subsanar el conflicto con las personas con discapacidad”, señalaron fuentes allegadas al bloque.
La posición también fue presentada como una cuestión de coherencia con el camino que los cordobeses habían elegido desde el inicio del tratamiento. “Fuimos coherentes hasta el minuto cero, hasta que se votó”, resumieron desde el entorno de los legisladores.
Sin embargo, lo central es que el gobernador Llaryora no acompañó al Ejecutivo en la Cámara de Diputados. El mandatario provincial tiene diálogo con la Casa Rosada, y al mismo tiempo prepara su propio juego para las elecciones nacionales.
El proyecto de Torres que quedó en el camino
La postura de los cordobeses tenía además un antecedente concreto en el Congreso. Alejandra Torres fue una de las cofirmantes del proyecto 4018, que proponía extender la emergencia durante todo 2027. El expediente no buscaba crear un nuevo sistema, sino mantener la Ley 27.793 con todos sus efectos durante un año más.
La iniciativa había reunido firmas de distintos bloques y llegó a las comisiones de Discapacidad y Presupuesto y Hacienda. El dictamen de mayoría establecía la prórroga hasta el 31 de diciembre de 2027, mientras que el texto finalmente aprobado en el recinto tomó otro camino: transformar las principales herramientas de la emergencia en un régimen permanente.
El giro se produjo durante las negociaciones de las últimas semanas y, especialmente, durante la sesión. Ante la posibilidad de que la prórroga de la emergencia no reuniera los votos suficientes, distintos sectores de la oposición optaron por negociar modificaciones al proyecto oficialista. La Libertad Avanza aceptó buena parte de esos cambios y logró que el proyecto fuera acompañado por una amplia mayoría.
Córdoba, sin embargo, mantuvo su posición original y votó en contra. Para los diputados que responden a Llaryora, la discusión no quedó saldada con las modificaciones incorporadas durante la sesión y la alternativa que habían defendido desde el comienzo seguía siendo la prórroga de la emergencia durante 2027.