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El Gobierno resolvió "observar en su totalidad", es decir vetar, el Proyecto de Ley Nº 27.794, que había sido sancionado por el Congreso el 20 de agosto. Así lo estableció mediante el Decreto 652/2025, que será publicado en forma inminente en el Boletín Oficial.
La norma en cuestión preveía modificaciones en la distribución de los recursos correspondientes al Fondo de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) a las provincias. El artículo 1º del proyecto establecía que los fondos serían redistribuidos de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 3º y 4º de la Ley Nº 23.548, considerando los porcentajes reconocidos a la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, según lo previsto en el artículo 8º de la misma ley.
El texto también señalaba que la redistribución debía realizarse en forma diaria y automática, en las mismas condiciones que establece el artículo 6º de la Ley Nº 23.548. A su vez, los recursos serían considerados como parte integrante de la masa de fondos coparticipables mientras la norma se encontrara vigente.
El Fondo de Aportes del Tesoro Nacional a las Provincias fue creado originalmente por la Ley Nº 23.548 de Coparticipación Federal de Recursos Fiscales. Su finalidad consiste en asistir financieramente a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires frente a situaciones de emergencia o desequilibrios fiscales.
El decreto firmado por el Ejecutivo recordó, además, que el artículo 5º de la Ley Nº 23.548 establece que estos fondos deben destinarse a la atención de emergencias y desequilibrios financieros de los gobiernos provinciales. La asignación de dichos recursos correspondía originalmente al Ministerio del Interior y actualmente depende de la Jefatura de Gabinete de Ministros, a través de la Vicejefatura de Gabinete del Interior.
La postura de los gobernadores
La decisión de observar en su totalidad la ley votada en el Congreso le dio al Gobierno una herramienta política para sostener su planteo frente a las provincias. En los hechos, implicó dejar sin efecto la modificación del esquema de distribución automática de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), lo que tensó aún más la relación con los mandatarios que impulsaron la iniciativa.
Los gobernadores que integran el bloque de Provincias Unidas vienen advirtiendo que el mecanismo actual concentra demasiado poder en la Casa Rosada. Para ellos, la reasignación automática representaba un paso hacia un federalismo más equilibrado. En cambio, la postura oficial es que los ATN deben mantenerse como un fondo de emergencia, administrado discrecionalmente por el Ejecutivo, con el fin de atender catástrofes y crisis imprevistas.
El conflicto, por lo tanto, excede la cuestión técnica y se inscribe en una puja política mayor: cómo se reparte el dinero de la Nación y con qué margen de maniobra cuenta el Gobierno para disciplinar o premiar a los gobernadores. Como señaló El Cronista, la jugada de Javier Milei apunta a preservar una herramienta de presión y, al mismo tiempo, mostrar austeridad frente a los cuestionamientos de uso discrecional.
En este escenario, los mandatarios más cercanos al oficialismo buscaron diferenciarse del resto y mostrarse como interlocutores válidos. Zdero, Cornejo y Frigerio coincidieron en la necesidad de mantener canales de diálogo abiertos, aunque con matices respecto de la distribución de fondos. Mientras tanto, dirigentes como Sáenz o Valdés endurecieron su discurso y se alinearon detrás de la estrategia de Provincias Unidas.
El oficialismo apuesta a que el debate por el Presupuesto 2026 sirva como marco de negociación. Allí quedará en evidencia hasta dónde está dispuesto a ceder el Gobierno y qué margen tendrán los mandatarios para imponer condiciones. La presentación del proyecto, prevista para el próximo lunes, será el punto de partida de una pulseada que promete extenderse durante todo septiembre.
La contracumbre de Río Cuarto se perfila como un test de fuerza. Si logra reunir a buena parte de los mandatarios opositores en una misma foto, el mensaje será claro: la negociación con la Nación no será bilateral ni por goteo, sino en bloque. El Gobierno, por su parte, confía en que la estrategia de reuniones selectivas con aliados termine resquebrajando esa unidad.