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“Hay que trabajar en una reducción del gasto público provincial y municipal, en la misma sintonía que la Nación”, sostuvo César Litvin en una entrevista exclusiva con El Cronista en su oficina ubicada en el microcentro porteño.
El contador y CEO de Lisicki, Litvin & Asociados, uno de los estudios referentes y más consultados por el “Círculo Rojo”, valoró la intención del gobierno de Javier Milei de aliviar la presión fiscal mediante la reducción (aranceles a la importación y retenciones al campo) o eliminación (impuesto PAIS e internos) de tributos, aunque señaló que aún resta abordar la problemática de los gravámenes distorsivos, como Ingresos Brutos y el impuesto a los débitos y créditos bancarios.
“La intención de este Gobierno realmente es bajar impuestos y lo ha llevado a la práctica priorizando el equilibrio fiscal. Ha sido muy prudente en ese aspecto, incluso a costa de perder recaudación”, destacó.
Respecto a la Ley de Inocencia Fiscal, Litvin consideró que el “ruido político” de las últimas semanas afecta la confianza de quienes analizan exteriorizar sus activos y depositar los “dólares del colchón”.
A pesar de ello, aseguró que el régimen representa “una buena oportunidad” para aquellos contribuyentes que cumplen con los requisitos (personas humanas y sucesiones indivisas con ingresos totales inferiores a los $ 1000 millones y un patrimonio de hasta $ 10.000 millones) y poseen fondos no declarados “provenientes de actividades lícitas”.
Presión fiscal y medidas necesarias para oxigenar el sistema
—El Gobierno adoptó diferentes medidas para reducir la presión fiscal. Hasta el momento, ¿cómo evalúa el camino recorrido?
—Este Gobierno arrancó a fines de 2023 con un sistema tributario que boicotea la competitividad, por un montón de factores que ha heredado. En primer lugar, una alta presión fiscal. Esa alta presión fiscal también genera alta informalidad, porque es mayor el premio para quien está en la informalidad y eso genera una competencia desleal.
Por otro lado, un complejo sistema tributario, teniendo en cuenta la multiplicidad de tributos vigentes y, además, el federalismo fiscal. Traducido, significa que la Nación cobra impuestos, las provincias cobran impuestos y los municipios cobran impuestos. Hay más de 150 tributos vigentes; eso hace muy complejo el sistema tributario.
En tercer lugar, una superposición de tributos, teniendo en cuenta que ese federalismo le da potestad a las provincias, los municipios y la Nación de cobrar impuestos. Entonces el consumidor paga IVA a nivel nacional, impuestos internos para algunos productos específicos, Ingresos Brutos y Tasa de Seguridad e Higiene y otras tasas más que se cobran en función de las ventas. Todo eso es una superposición sobre el mismo producto.
Por otra parte, también han proliferado regímenes de retención, de percepción y de pagos a cuenta, que hacen que en muchos casos —fundamentalmente a nivel provincial con Ingresos Brutos— se generen saldos a favor del contribuyente de muy difícil recupero, con trabas burocráticas y laberínticas para evitar que se le devuelva el dinero, que es un crédito que tiene el contribuyente y que, por otro lado, genera una situación anómala: el contribuyente pasa a ser acreedor del fisco, pero un acreedor en posición desventajosa.
Contabilizo más de 15 tributos entre los que se eliminaron o redujeron. El Impuesto PAIS no se prorrogó. Se eliminó el Impuesto a la Transferencia de Inmuebles para personas físicas y sucesiones indivisas y también los impuestos internos para autos, telefonía celular y seguros. Se eliminaron aranceles de importación.
La actitud del Gobierno ha sido priorizar el equilibrio fiscal e ir bajando algunos tributos. De hecho, se ve también en la recaudación: una parte tiene que ver con esta baja de impuestos (como es el caso de la reducción de las retenciones al campo).
—¿Alcanza?
—No alcanza porque, básicamente, quedan impuestos que son muy distorsivos. El primero de ellos es Ingresos Brutos. Es un impuesto que llena el casillero del peor de todos por su efecto acumulativo, en cascada. Incide en toda la cadena, se repotencia en el precio porque el impuesto se va trasladando y sobre eso se va repotenciando también. Afecta a las exportaciones porque no hay recupero —de todos los insumos y de toda la cadena de valor hasta llegar al producto exportado— de lo que se exporta.
Entonces estamos exportando impuestos, y los países normalmente no exportan impuestos. Ingresos Brutos, además, tiene la particularidad de ser el impuesto que se cobra por anticipado y que ya se convierte en un “impuesto sin ley”: al cobrarse por anticipado mediante regímenes de retención —que son normativas no legales sino de los organismos fiscales—, estos, con premeditación y mala fe, entienden que están cobrando por anticipado y no hacen nada al respecto. Al contrario, se están financiando a tasa cero.
Todavía no alcanza con lo que se hizo, por dos motivos: primero, porque quedan impuestos distorsivos como Ingresos Brutos, el impuesto a las exportaciones y, en tercer lugar, el impuesto a los débitos y créditos bancarios (impuesto al cheque).
En segundo lugar, la actitud de las provincias y los municipios es totalmente diferente a lo que ha hecho el Gobierno nacional. Han aumentado tributos o, en el caso de las tasas municipales, han creado nuevos tributos. Entonces, el esfuerzo que hace Nación no se ve correspondido por el mismo camino de baja de tributos en provincias y municipios. Con lo cual, hay una gran asignatura pendiente: reducir la presión fiscal para ser más competitivos en la Argentina. Pero para eso hay que ir eliminando los impuestos más distorsivos.
Solo 12 países en el mundo tienen impuesto a las exportaciones, entre ellos Rusia, Kazajistán, Uzbekistán, Irán, Tanzania, Uganda, Indonesia y Guinea. En ese equipo jugamos nosotros. Es importante tener en cuenta que ninguno de nuestros competidores tiene ese impuesto.
Por lo tanto, obviamente afecta nuestra competitividad y desalienta inversiones, porque ni Brasil, ni Uruguay, ni Paraguay, ni Chile, ni México —que son competidores nuestros— tienen este impuesto. Con lo cual son más competitivos que nosotros en ese aspecto.
—Una de las patas del plan de estabilización macroeconómica es el equilibrio fiscal. El Gobierno dejó en claro que, mientras el superávit fiscal lo permita, podrá avanzar en la reducción o eliminación de impuestos. Si tuviera la llave del sistema tributario, ¿qué medidas tomaría?
—El equilibrio fiscal es innegociable. Partiendo de ahí, tenemos que considerar que los impuestos distorsivos recaudan un 7% del PBI. Con lo cual no hay margen para eliminar los impuestos más distorsivos.
Pero el tema más importante y más complejo para resolver es Ingresos Brutos, porque representa casi el 4% del PBI.
—Representa el 80% de la recaudación de las provincias, ¿puede ser?
—En promedio —depende de cada jurisdicción— representa un 80% de los impuestos propios, sin considerar la coparticipación. Obviamente, las provincias cobran Ingresos Brutos, impuesto de sellos, impuesto inmobiliario y patentes. De todos esos, Ingresos Brutos se lleva más del 80%.
Ahora, si yo tuviera la llave, trataría de hacer un acuerdo con las provincias y los municipios de exigencia en el gasto público, y un pacto fiscal distinto de los anteriores —que eran buenas ideas con ingenuidad política porque no tenían sanciones por incumplimiento—. El pacto fiscal que se tenga que hacer con provincias y municipios debería ser muy cuidadoso con el gasto público e ir reduciendo la incidencia de Ingresos Brutos hasta reconfigurarlo en un impuesto en la última etapa.
Tiene que haber un acuerdo para que las provincias no se desfinancien, pero con un ojo muy estricto puesto en el gasto público. Porque es fácil gastar y después cobrar más impuestos —incluso por anticipado—, si total la recaudación está asegurada y entonces gasto lo que quiero.
Creo que tiene que haber un acuerdo ahí, sumado a que los municipios dejen de cobrar tasas que son verdaderos impuestos disfrazados. Se disfrazan de tasas, pero son impuestos; porque si miden capacidad económica (ventas), no es una tasa: la tasa tiene que estar vinculada con la prestación del servicio. Con lo cual, siempre partiendo de la base del equilibrio fiscal innegociable, hay que trabajar en una reducción del gasto público provincial y municipal, en la misma sintonía que la Nación.
—¿Qué asignaturas pendientes le quedan a Nación?
—El impuesto a las exportaciones, que representa casi el 1% del PBI. No es tanto. Si se toma el ejemplo de Brasil en los años 90, que eliminó el impuesto a las exportaciones, tuvo un boom productivo y eso le generó más recaudación.
Creo que sacar el impuesto a las exportaciones va a generar más recaudación. Y, por otro lado, el famoso impuesto a los débitos y créditos bancarios, que nació en 2001 por un año y ya cumplió 25. Nació en forma temporal por un año y, bueno, sigue existiendo.
Eso representa un 1,6% del PBI. O sea, es una recaudación importante. Con lo cual, trabajaría en un acuerdo estricto y con sanciones por incumplimiento para ir reduciendo la carga fiscal, y también en un tema de zonas francas destinadas a la exportación.
—¿Qué implica esto último?
—Hoy hay zonas francas en la Argentina que, a lo sumo, tienen un efecto dilatorio en el pago de los derechos de importación. Yo tomaría el ejemplo de otros países que crearon zonas francas en determinados lugares (Uruguay, Colombia y México, por ejemplo) con exención de tributos por todo lo generado allí.
Entonces, si queremos generar divisas y potenciar las exportaciones, habría que crear zonas francas con beneficios impositivos para toda la actividad que se desarrolle allí, pero orientada al mercado externo y no al interno.
Así se promueven las exportaciones, se genera empleo y, aunque se resigne una recaudación que hoy de todos modos no se tiene, se fomenta una mayor actividad económica y trabajo. En esas zonas francas debería haber también una exigencia para las provincias y los municipios: no cobrar ningún impuesto por lo que se produzca allí. La idea es potenciar la industria para poder exportar, ser competitivos y eliminar la carga tributaria de todo lo que vaya al exterior.
Pacto fiscal
—Hace cuatro meses que la coparticipación viene cayendo en términos reales. También se suman intereses políticos de cara al año que viene. ¿Ve posible hoy que todos se pongan de acuerdo para un pacto fiscal?
—Hoy no, porque es un año preelectoral. Me parece que, para impulsar una reforma de este tipo, el Gobierno necesita una reelección y mayor fortaleza en el Congreso; solo de esa forma podrá sacarla adelante.
Yo lo pondría en la agenda del año que viene, postelección, cuando se cuente con más masa muscular. La intención de este Gobierno realmente es bajar impuestos y lo ha llevado a la práctica priorizando el equilibrio fiscal. Ha sido muy prudente en ese aspecto, incluso a costa de perder recaudación.
Ahora, la Nación bajó el gasto público en cinco puntos del PBI. ¿Qué provincias hicieron lo mismo? Creo que el federalismo fiscal en la Argentina atenta contra la competitividad debido a la voracidad, tanto impositiva como de gasto.
Entonces, si miramos los ejemplos de países que atravesaron crisis económicas con alta presión fiscal y elevado gasto público, queda claro que lo que hay que hacer es ajustarse el cinturón. Lo viene haciendo la Nación, con todos los cuestionamientos que ha recibido al respecto, y me parece que las provincias y los municipios tienen que entrar en la misma sintonía.
—¿Y qué le parece que solamente tres provincias hayan adecuado sus esquemas para implementarlo? Por ejemplo, está el caso de Entre Ríos, que a partir de julio va a mostrar en los tickets la incidencia de Ingresos Brutos. Chubut y CABA, a partir de septiembre.
—La transparencia fiscal es un camino sin retorno. ¿Qué significa esto? Que el consumidor, cuando va a comprar un bien o a contratar un servicio, sepa exactamente cuánto se lleva la Nación, cuánto la provincia y cuánto el municipio. ¿Por qué es importante? Porque los impuestos al consumo son invisibles a los ojos.
La otra vez una persona me preguntó: “¿Por qué no bajan Ganancias?”. Y yo le contesté: “Estás pagando mucho más por impuestos al consumo que por Ganancias y no lo notás. No te das cuenta de lo único que es invisible a los ojos”. Si esa carga se hace visible, la gente va a ser más exigente con sus gobernantes; cuando vaya a tomar un café, va a saber qué parte de ese precio se llevó cada nivel del Estado.
Este modelo dio muy buenos resultados en Brasil. Allí rige la transparencia fiscal bajo un esquema de federalismo que, sin embargo, le permite a la gente saber con precisión cuánto le paga a cada jurisdicción por lo que consume.
—¿Y eso contribuyó a exigirle a los políticos que bajen impuestos?
—Sí, contribuye a exigir que cuiden el dinero que los ciudadanos aportan cada vez que consumen, y también a que reduzcan una carga tributaria que es excesiva. El día que se publique exactamente la incidencia de cada jurisdicción en lo que consumimos, se pondrá bajo la lupa lo que pagamos.
El asalariado nota perfectamente lo que le retienen por Ganancias, pero lo que aporta vía impuestos al consumo quizás es mucho mayor y no lo ve. Por eso la transparencia fiscal debe ser un camino sin retorno. El resto de las provincias debería imitar a las jurisdicciones que ya se sumaron a la iniciativa. La Nación ya lo hace, pocas provincias lo han implementado y ningún municipio todavía.
Súper RIGI
—El ministro de Economía, Luis Caputo, confirmó que el Gobierno va a impulsar un “Súper RIGI”. No solo proponen acelerar inversiones en sectores estratégicos, sino que además incluiría una serie de incentivos fiscales. ¿Qué opinión le merece?
—Estoy a favor de estos esquemas porque implementan lo que en doctrina tributaria llamamos “finalidades extrafiscales”; es decir, herramientas destinadas a promover actividades económicas o regiones geográficas rezagadas. El RIGI ya es una realidad; hay varios proyectos presentados y algunos ya aprobados, lo que indudablemente va a generar más actividad económica y empleo.
En ese sentido, el “Súper RIGI” es una buena iniciativa para impulsar sectores estratégicos que hoy directamente no existen en el país. Por otro lado, también tenemos el RIMI para las pymes. Sin embargo, me parece que en el medio todavía está faltando llenar un hueco importante.
—¿Cuál sería?
—El universo de las empresas que ya no califican como pymes, pero que tampoco cuentan con la capacidad financiera para alcanzar el piso de los u$s 200 millones que exige el RIGI. Hay muchas compañías con planes para invertir en el país en nuevos desarrollos que quedan atrapadas en esa brecha. Ese vacío hay que cubrirlo, porque allí se concentra un enorme potencial de actividad económica que hoy no se está aprovechando, fundamentalmente en las economías regionales.
De hecho, recientemente el senador nacional por Corrientes, Eduardo Vischi, presentó un proyecto para crear el RIRI: un Régimen de Inversiones Relevantes que apunta justamente a ese segmento intermedio que tiene la voluntad de invertir y generar empleo.
Me parece crucial que no queden excluidas corporaciones o firmas medianas-grandes que, si bien no llegan al umbral del RIGI, están en condiciones de desembolsar 20, 30, 40 o 50 millones de dólares. Eso representa una inyección de actividad económica que el país necesita con urgencia y que, sin dudas, va a motorizar el empleo.
—¿Y cree que esos regímenes de inversión surgen a raíz de la imposibilidad de lograr consenso con las provincias para bajar impuestos?
—No, nacen como incentivos a actividades estratégicas que requieren un uso intensivo de capital y que, si no cuentan con un marco de beneficios impositivos que les otorgue competitividad, directamente no se llevan a cabo. Entre recaudar cero y generar ingresos futuros, la recaudación real va a venir por la mayor tracción de la economía y por el desarrollo de toda la cadena de valor.
Estas herramientas otorgan ventajas sustanciales que ayudan a competir globalmente: amortización acelerada, devolución anticipada del IVA y, en el caso del “Súper RIGI”, una reducción en la alícuota del impuesto a las Ganancias. Me parece que es un paso necesario para aportarle mayor masa muscular a la actividad económica general.
Dólares del colchón - Ley de Inocencia Fiscal
—¿De qué depende el éxito de la Ley de Inocencia Fiscal y qué dimensiones hay que tener en cuenta a la hora de medir su impacto?
—El régimen es muy generoso, quizás hasta demasiado. Pero todo este tipo de herramientas, donde se invita a los contribuyentes a exteriorizar dinero no declarado proveniente de actividades lícitas, requiere de un factor ineludible: la confianza. Certidumbre en la administración actual y previsibilidad respecto de la gestión que pueda sucederla.
Por lo tanto, quienes están en condiciones de regularizar fondos ante el fisco se preguntan, indefectiblemente, qué va a pasar si cambia el signo político del Gobierno.
—¿Eso le preguntan los clientes?
—Eso lo preguntan todos, absolutamente todos.
—¿Es la primera duda que le transmiten?
—La primera duda es esa. Y frente a eso soy muy categórico: no va a caer ninguno de los beneficios que otorga el régimen de regularización. ¿Cuáles son esas ventajas? El efecto liberatorio de los impuestos omitidos si se liquidó correctamente, y un elemento que despierta muchísimo interés: el bloqueo fiscal hacia todos los períodos no prescriptos. Todo eso se va a respetar aunque cambie el signo político del Gobierno, porque históricamente todos los tapones fiscales en la Argentina fueron convalidados.
Ahora, ¿cuál podría ser la consecuencia ante un eventual cambio de gestión? Si asume una administración con mayor voracidad fiscal —como ocurrió, por ejemplo, a fines de 2019—, es posible que el patrimonio exteriorizado quede sujeto a alícuotas más altas en el impuesto a los Bienes Personales hacia el futuro.
Con lo cual, el contribuyente no pierde el blindaje del bloqueo fiscal ni las ventajas de haber regularizado los fondos. Quien decida declarar sus tenencias no va a tener contingencias hacia atrás ni en el presente; el único riesgo real ante un cambio de gobierno es que ese patrimonio deba afrontar una mayor carga tributaria de cara al futuro.
—¿Cuánto afecta en la confianza del contribuyente —que quiere asesorarse y exteriorizar sus activos— el ruido político, la duda que tienen los mercados de cara a 2027 y lo que está pasando con la actividad económica?
—El ruido político afecta, porque obviamente combate la confianza. Y después está en la sensibilidad de cada uno. Pero lo quiero decir así: la Inocencia Fiscal es una buena oportunidad para gente que tiene dinero no declarado proveniente de actividades lícitas para regularizar su situación, usar ese dinero e invertirlo, incluso obteniendo renta.
Porque hoy, si lo tiene guardado, no le da renta y está expuesto a una desvalorización por la inflación internacional. Entonces el régimen de Inocencia Fiscal es bueno en eso. Y no tiene costo.
—¿Cuán importante es para ustedes, los profesionales, que se publique lo más rápido posible el dictamen de la Ley de Inocencia Fiscal?
—Siempre es fundamental contar con la letra chica para poder brindar un asesoramiento integral. Todavía quedan algunas pequeñas dudas de interpretación jurídica: por ejemplo, si para el cálculo de los topes se debe considerar el ingreso bruto o la ganancia neta. ARCA ya dejó trascender su criterio de que se tomará el ingreso y no la ganancia, lo cual modifica sustancialmente el esquema.
De hecho, recientemente salió publicada una instrucción general del organismo donde se aclara, básicamente, qué sucede cuando el fisco detecta inconsistencias, bajo qué parámetros se produce la caducidad del régimen y qué derecho de defensa penal o administrativa tiene el contribuyente en ese escenario. Claramente, adherirse a la Inocencia Fiscal implica empezar a tributar correctamente de aquí en adelante, sin discrepancias significativas.
—¿El contribuyente va a tener que ser muy riguroso?
—Va a tener que ser sumamente riguroso. Y sostengo que, de alguna manera, este esquema es extremadamente generoso porque opera prácticamente como una suerte de regularización permanente: le permite al contribuyente optar por el régimen de manera anual, lo que va consolidando de forma consecutiva el bloqueo fiscal hacia atrás.
—Se acerca el vencimiento de las declaraciones juradas. ARCA dijo que hay más de 80.000 adheridos al Régimen Simplificado de Ganancias (RSG). ¿Puede aumentar esa cifra? ¿Cuántos de esos contribuyentes van a sacar los “dólares del colchón”?
—A mi criterio, la cifra de 80.000 adheridos aún es baja. Es probable que se vaya sumando gente de acá al vencimiento, ya que muchos esperan hasta el último momento.
Por otra parte, estimo que el 80% de quienes opten por el régimen simplificado son los que tienen posibilidades de usar los “dólares del colchón”, pero que quizás esperan un poco para ver cómo se siguen desarrollando los acontecimientos.
Como mínimo, “sacan la patente” del régimen simplificado para asegurarse el derecho a usar esos dólares en el momento en que lo crean oportuno.
