El presidente Javier Milei enfrenta una situación compleja con el Poder Legislativo. Se cumplen nueve meses de gobierno y el Ejecutivo ha logrado la sanción de solo una ley, aunque importante: la Ley Bases. Esta todavía no ha terminado de ser reglamentada, lo cual se realiza a través de un simple decreto del presidente. La situación hacia adelante no parece fácil. El cambio de régimen de actualización de las jubilaciones ha sido aprobado con números contundentes. En Diputados, por ciento sesenta a sesenta y cuatro, es decir, dos tercios de los presentes, aunque se necesitaba solo una mayoría simple de un voto más. En el Senado, se aprobó en forma abrumadora por sesenta a ocho el proyecto opositor. El veto de la Casa Rosada a esta ley fue total, y ahora el Congreso intentará insistir. Para anularlo, necesita dos tercios de los legisladores presentes en ambas Cámaras. En el Senado sobran los legisladores para anularlo, pero en Diputados el oficialismo tendría cierto margen. Un tercio del total de la Cámara son ochenta y siete legisladores, trece más de los que obtuvo el oficialismo en su derrota. Negociando con el bloque que lidera Miguel Ángel Pichetto o haciéndolo con una parte del bloque radical, la Casa Rosada podría alcanzar el tercio de la Cámara Baja que resulta suficiente para mantener el veto. El DNU que aumenta en cien mil millones de pesos los recursos de la Secretaría de Inteligencia del Estado debe ser tratado en el Senado después de haber sido rechazado en Diputados. En esta Cámara no parece que la Casa Rosada pueda negociar la mayoría que necesita para impedir el rechazo. En la Comisión Bicameral que debe controlar y supervisar los servicios de inteligencia, el oficialismo ha tenido una derrota irreversible. Es que, teniendo el kirchnerismo minoría en esta Comisión, sus autoridades quedaron con Martín Lousteau como presidente, Leopoldo Moreau como vicepresidente y Oscar Parrilli como secretario. La razón fue simple: se generó una alianza entre el PJ K y la UCR que La Libertad Avanza no pudo evitar a tiempo. La cuestión es que todo esto se plantea cuando han transcurrido solo nueve meses de los cuarenta y ocho que tiene el mandato presidencial. Los constituyentes de 1853 buscaron establecer un sistema fuertemente presidencialista. La Argentina venía de más de tres décadas de una sangrienta guerra civil y evitar la anarquía era un propósito central. Por esta razón, establecieron un régimen para permitir al titular del Ejecutivo asegurarse en el poder, el que continúa vigente hoy. Se trata de que tanto para hacer un juicio político al presidente como para rechazar un veto, se requieran dos tercios de los presentes. Es así como el presidente, con solo un tercio del Senado, podía impedir las acciones más relevantes encaminadas a desestabilizarlo. En ambos casos esta fórmula se mantuvo vigente. Ningún veto fue rechazado desde 1853 ni ningún juicio político a un presidente fue aprobado desde entonces. Esta norma constitucional fue establecida cuando las provincias eran catorce y cada una tenía dos senadores elegidos simultáneamente cada seis años. Al presidente le alcanzaba con mantener el apoyo de cinco gobernadores para impedir las amenazas existenciales del juicio. Ahora, los senadores son setenta y dos y las provincias veinticuatro. Pero las proporciones establecidas hace ciento setenta y un años se mantienen vigentes. Al elegirse tres senadores -uno por la minoría-, el apoyo de los gobernadores pasa a ser más complejo. Por eso el presidente debe advertir que su debilidad en el Senado es relevante y no solo por las leyes. Desde el punto de vista político-institucional, se vive una situación inédita. El Ejecutivo logró solo siete senadores electos por su partido sobre setenta y dos, pero uno de ellos fue expulsado del bloque y otro ya manifestó que no acompañará la posición de la Casa Rosada en un tema relevante, como es la designación del juez Ariel Lijo como nuevo miembro de la Suprema Corte. Puesto en estos términos, el presidente necesita urgentemente contar con un tercio del Senado para asegurar su poder. Es decir, veinticuatro legisladores. Sus operadores políticos deberían concentrarse en este punto y quizás tomar el cuestionamiento al veto del cambio de fórmula de actualización jubilatoria, para intentar hacerlo. No es imposible, pero requiere un intenso trabajo político. El rol del Congreso seguirá siendo relevante. El 15 de septiembre es la fecha clave para tratar el Presupuesto, la "ley de leyes" desde el punto de vista institucional. Es la batalla principal para un presidente que ha hecho del equilibrio fiscal y el déficit cero el eje de su política, y no solo en lo económico.