En la búsqueda de un nuevo diseño para el sistema de jubilaciones y pensiones, algo que cuadre con el loable objetivo del ministro de Economía, Martín Guzmán de procurar un "diseño macroeconómico fiscalmente consistente", debemos separar la paja del trigo. En particular debemos excluir los argumentos basados en información errónea porque con esa base difícilmente llegaremos a un sistema que sea mejor para todos, en particular –algo relevante en un sistema de pensiones- que no genere sorpresas para los jubilados y pensionados, y que resulte fiscalmente sostenible.

La primera cuestión es observar que en una economía con alta inflación lo más importante para el jubilado es proteger sus ingresos previsionales de la inflación. Se pueden tener desvíos transitorios pero a la larga (en promedio) es de esperar que el valor real de las pensiones se mantenga. De allí que aún en países con estabilidad macroeconómica y baja inflación se opte en los sistemas de beneficio definido (reparto) por mecanismos sencillos de ajuste relacionados casi siempre con la inflación pasada.

En el caso de los sistemas de capitalización (nocionales a 'la sueca', o de ahorro a 'la chilena') el ajuste de las rentas jubilatorias depende de otro tipo de factores, pero siempre se tiene en la mira la idea de que el ahorro -base de las futuras pensiones- capitalice a una tasa "aceptable", en general igual o mayor que el índice de inflación.

Para la Argentina, que posee un sistema de reparto en un escenario de alta volatilidad macroeconómica, esto implica que si se pretende que las rentas jubilatorias no se deterioren persistentemente habrá que ajustarlas con inflación o con variables que se mueven en línea con la evolución de la inflación.

El mecanismo original previsto en 2008 resultaba poco transparente pero lograba en parte ese objetivo ya que el nivel de las jubilaciones creció 24% por sobre la inflación entre comienzos de 2009 y mediados de 2013, para caer casi 10% real hasta fines de 2015, y retroceder otro 13% en los cuatro años de la gestión de Cambiemos.

Sin embargo en el medio hubo un cambio de mecanismo de indexación de los haberes: la modificación introducida en marzo de 2018 evitó una caída bastante mayor que habría llegado al 31% si se hubiera mantenido la fórmula previa.

¿Qué ocurrió? Ambos mecanismos incluían variables asociadas a la inflación en forma indirecta, pero la protección en un período de aceleración inflacionaria fue mayor con la fórmula actual (70% IPC, 30% RIPTE) que con la fórmula previa que en particular preveía una mayor ponderación (50%) para la evolución salarial. La nueva fórmula protegió (salvo por un trimestre) de la mayor caída que habría tenido lugar –lo demás constante- de mantenerse el oscuro mecanismo original. La nueva fórmula además maximiza –respecto de la fórmula original- la recuperación de las jubilaciones si la inflación fuera a ceder desde el año 2020.

Por lo tanto si lo que se trata es de proteger y lograr mantener en el mediano plazo los niveles jubilatorios en términos reales no hay necesidad de cambiar la fórmula. Pero, entonces, aparece la pregunta sobre la consistencia fiscal: ¿cómo compatibilizar el objetivo de jubilaciones estables en términos reales con un déficit que arrastra el sistema previsional, en un momento en que carecemos de financiamiento?

Aclaremos que el déficit no proviene del sistema contributivo sino de la parte no contributiva del sistema. O sea, el sistema de pensiones contributivo –el que se compone de todos aquellos que aportan durante al menos 30 años y luego se jubilan- está actualmente en equilibrio.

En cambio, el "resto" del sistema, que incluye a todos aquellos que hacen aportes parciales o nulos y luego se jubilan –la parte que explotó entre 2007 y 2015- arrastra un déficit de casi 3 puntos del PBI. Si se trata a las dos partes del sistema por igual y no se corrigen las distorsiones (el sistema gasta en exceso en la parte no contributiva y está en equilibrio por el resto) el desequilibrio seguirá creciendo.

La solución que se propone actualmente a través de la flamante ley de "solidaridad/emergencia" de aplicar una quita sobre las jubilaciones de quienes aportaron (en su mayoría por arriba de la mínima) y sobreindexar las pensiones de quienes no aportaron es exactamente la contraria de lo que hay que hacer. El mensaje que se le da a la sociedad es: hay que escapar del sistema formal porque los impuestos crecen exponencialmente cuanto mayor sea el aporte.

Muchos confunden reparto intergeneracional –las generaciones presentes financian a las futuras- con reparto intrageneracional (sacarle a los que ya aportaron y darle a quienes no aportaron). Esto último no tiene nada que ver con el sistema jubilatorio y redistribuye maximizando distorsiones.

Es probable que aplicar una quita a jubilaciones medias y altas y redistribuir entre los que menos ganan resulte hoy muy popular, permita corregir parte del desequilibrio fiscal y pagar deuda, y por lo tanto reciba un caluroso aplauso del FMI y los acreedores. En el largo plazo sin embargo esa ganancia fiscal se diluye en juicios previsionales que ya en el pasado requirieron dos grandes procesos de consolidación de deudas –antes de la reforma de 1994 y recientemente con el programa de reparación histórica de 2016-.

La señal es que para evitar el default con los acreedores, cada veinte años hay que entrar en default con los jubilados que aportaron cumpliendo estrictamente con la ley. Mala señal para recuperar la confianza y mejorar los incentivos al ahorro, la formalidad y el crecimiento.