Atrás quedaron los tiempos donde se cortaban cintas de inauguración de nuevas bocas con Alfredo Coto junto con los máximos responsables del Ejecutivo del kirchnerismo. Más olvidado aún el famoso proyecto de Supermercados para todos que al cierre de la cadena de supermercados Eki hacia fines de 2011 no solo no pasó a formar parte de un grupo económico allegado al gobierno sino que fue adquirido por una de las empresas a la que hoy se enfrenta como es Carrefour, quien transformó esos puntos de venta en su formato express.

El Ministro de Economía Axel Kiciloff informó que la facturación para este año de las grandes cadenas de supermercados se eleva a los

$ 100.000 millones. A su vez en la Secretaría de Comercio Interior se acumulan 30 mil llamados de clientes denunciando incumplimientos del programa precios cuidados. El acatamiento al cumplimiento de los precios acordados de acuerdo a las estadísticas oficiales es el siguiente: Coto respetó los precios de productos convenidos en un 83%, Carrefour en 77%, Cencosud (Jumbo, Disco y VEA) en 73% y Día en un 70%, mientras que Wal-Mart y Chango Mas un 58%.

Sumadas a las acciones de control del programa por parte de la Secretaría de Comercio Interior presidida por Augusto Costa en esta semana se debaten en diputados dos proyectos K para sancionar a las cadenas de supermercados que no se atengan a los precios acordados para la comercialización de hasta ahora 300 productos. En el encuentro de la Comisión de Comercio de la Cámara de Diputados hay en proceso de elaboración dos proyectos: uno perteneciente a Juan Cabandié y Marcos Cleris quienes proponen reformas a la Ley de Lealtad Comercial que permita clausura y multa de comercios cuando se produzca una infracción. En caso de reincidencia antes de los tres años se duplicaría el valor de la multa. La clausura sería por 48 horas a los efectos de contener las pruebas y se permitiría la apertura una vez que se actúe conforme a lo acordado. La otra iniciativa es de Recalde quien propone articular la competencia judicial en la Cámara Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal y en las cámaras federales en las provincias. A su vez, los montos de las multas serían elevados y luego actualizados en el tiempo de acuerdo a una revisión semestral equiparable a los aumentos en la movilidad jubilatoria.

El sector de la comercialización minorista en Argentina ha padecido en los 20 años la internacionalización de su oferta en consumo masivo, la integración empresaria y la conformación de oligopolios que hoy conforman el 58,7% de la capacidad de ventas de alimentos y bebidas del país. En los últimos 10 años nada se ha hecho para legislar sobre la actividad regulándola. Sin embargo como medida populista para la tribuna consumidora se acuerda con el sector la comercialización de 300 productos a determinados precios en forma trimestral (una cadena media cuenta con 30000 categorías y un hiper hasta 80000 referencias de productos). Luego se controla toda la cadena y por último ahora se proyecta sancionarla. En el medio el 40% restante del sector minorista viene planteando leyes que consideren los presupuestos mínimos para la defensa de la competencia, la libre elección del consumidor y el sano desarrollo de las pequeñas y medianas empresas y los puestos de trabajo que generan cuando se ven amenazados por formas de comercialización que tienden a la concentración y distorsión de las reglas de juego de los mercados.

El consumidor final no entiende de legislación solo entiende de cuestiones de bolsillos. Los precios aumentan, las empresas minoristas tienen poder de dominio de mercado para la toma de decisiones hacia el proveedor y hacia el consumidor final y el gobierno nacional quiere escaparle a regular las economías minoristas a sabiendas que el problema está en la ausencia de legislación en la materia en sus diez años de gestión. Las economías minoristas no son necesarias controlarlas ni sancionarlas si previamente son reguladas.