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La Fiscalía General de Colombia solicitó este martes una sentencia condenatoria contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, en el marco del juicio que se le sigue por los delitos de fraude procesal, soborno y soborno en actuación penal.
La petición fue realizada por la fiscal Marlenne Orjuela, quien afirmó ante la jueza del caso que existen elementos suficientes para concluir que el exmandatario fue el autor intelectual de una estrategia orientada a alterar el curso de la justicia en beneficio propio.
Según la Fiscalía, Uribe habría ideado y respaldado un esquema en el que utilizó intermediarios para presionar a testigos clave con el fin de que se retractaran de declaraciones que lo vinculaban con grupos paramilitares.
La fiscal presentó un extenso material probatorio que incluye declaraciones de 37 testigos, así como grabaciones, documentos y otras evidencias que, según la acusación, comprueban que el exmandatario recurrió a maniobras ilegales para desviar una investigación en su contra.
Un caso que se remonta a 2012 y que marcó un giro inesperado
El origen del proceso se remonta a 2012, cuando Uribe presentó una denuncia contra el entonces senador Iván Cepeda, a quien acusó de manipular testimonios para vincularlo con estructuras paramilitares. Sin embargo, la Corte Suprema no solo desestimó esa acusación, sino que decidió iniciar una investigación contra el propio expresidente, al encontrar indicios de que él habría intentado manipular testigos para limpiar su imagen.
El caso dio un giro crucial en 2020, cuando Uribe renunció a su escaño en el Senado. Esa decisión buscaba trasladar el proceso desde la Corte Suprema, que juzga a congresistas, a la justicia ordinaria. A pesar de los intentos de su defensa por cerrar el caso, con dos solicitudes formales de archivo rechazadas por los tribunales, en 2024 la Fiscalía formuló la acusación de manera formal, y el juicio comenzó en febrero de 2025.
Testigos clave y una acusación directa sobre el uso de sobornos
En el centro de la controversia está el exparamilitar Juan Guillermo Monsalve, quien habría recibido presiones y ofrecimientos para retractarse de su testimonio, en el que implicaba a Uribe con grupos armados ilegales. Según la Fiscalía, el abogado Diego Cadena, cercano al expresidente, fue uno de los principales ejecutores de esta estrategia, visitando cárceles y contactando a testigos con el propósito de modificar sus versiones.
Aunque aún no hay fecha para el fallo, el juicio representa un hecho inédito en la historia reciente de Colombia: es la primera vez que un expresidente del país enfrenta un juicio penal formal.
El proceso ha sido seguido de cerca tanto a nivel nacional como internacional, y mantiene dividido al país entre quienes ven una persecución política y quienes consideran que finalmente se está haciendo justicia. La decisión final ahora está en manos de la jueza, quien deberá determinar si Uribe es culpable de los cargos que se le imputan.
