

Un asunto fiscal que involucra al rey Juan Carlos ha comenzado a ganar terreno en los círculos políticos y mediáticos. La información, aunque aún rodeada de cierta reserva, podría tener consecuencias jurídicas y reabrir viejas polémicas sobre la transparencia patrimonial de la coronaespañola.
El episodio tiene como telón de fondo operaciones económicas millonarias realizadas en un periodo en el que el monarca todavía mantenía su residencia fiscal en España. Lo que se cuestiona ahora no es únicamente el origen de determinados fondos, sino también si su gestión cumplió con todos los requisitos legales.
A menos de un año de que se cumpla un plazo clave, las dudas sobre el referente de la corona española crecen y la presión sobre las autoridades fiscales aumenta. Si se confirma la investigación, podría tratarse de uno de los procesos más mediáticos que afecten a la realeza y a la figura del rey Juan Carlos en los últimos tiempos.

Tiembla la Corona Española: investigan los préstamos del rey Juan Carlos
El sindicato Gestha, que agrupa a técnicos del Ministerio de Hacienda, ha pedido a la Agencia Tributaria que abra una inspección sobre los préstamos recibidos por el rey emérito de la Corona Española para pagar, en febrero de 2021, declaraciones complementarias del IRPF de 2014 a 2018.
La suma total de estas operaciones del rey de la familia real asciende a 4.416.757,46 euros, una cifra que ha generado especial atención. Gestha subraya que, en el momento de recibir esos préstamos, el monarca aún residía fiscalmente en España y no se trasladó a Emiratos Árabes Unidos hasta el año siguiente. Por ello, reclaman que se investigue si disponía de bienes, cuentas o inversiones en el extranjero durante ese ejercicio y cuál era su valor real.
Dolor de cabeza para la Corona Española: la residencia fiscal de Juan Carlos I
Según informó Europa Press, el sindicato también apunta a un aspecto fundamental: determinar dónde estaba el centro principal de los intereses económicos del rey Juan Carlos. Si este se encontraba en territorio español, la ley podría seguir considerándolo residente fiscal en España, incluso viviendo fuera del país.

De confirmarse esta condición, la corona española enfrentaría un escenario delicado, ya que podría implicar obligaciones tributarias no cumplidas y abrir la puerta a nuevas controversias. El desenlace dependerá de si la Agencia Tributaria decide actuar antes de la fecha límite del 30 de junio.











