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Seis exmiembros del último secretariado de las extintas FARC reconocieron públicamente haber reclutado a más de 18.000 niños, niñas y adolescentes durante el conflicto armado en Colombia.
La confesión, entregada mediante una carta dirigida a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), se da en respuesta a las imputaciones por crímenes de guerra relacionadas con el reclutamiento forzado, así como otros delitos graves como tortura, homicidio y violencia sexual.
En el comunicado, los excomandantes, entre ellos Rodrigo Londoño (último líder del grupo armado), los senadores Julián Gallo y Pablo Catatumbo, y los exjefes guerrilleros Pastor Alape, Jaime Alberto Parra y Milton de Jesús Toncel, calificaron el hecho como "injustificable" y aseguraron que marcó de forma irreversible la vida de miles de jóvenes.
"Fue una herida profunda en el tejido social del país", señalaron, asumiendo responsabilidad y expresando su compromiso con la verdad, la justicia y la reparación a las víctimas.
Crímenes de guerra contra la infancia: entre violaciones y esclavitud sexual
Según los hallazgos de la JEP, los menores reclutados por las FARC fueron víctimas de múltiples formas de violencia, incluyendo violaciones, esclavitud sexual, uniones forzadas y otras agresiones físicas y psicológicas.
Estas prácticas se desarrollaron principalmente entre 1996 y 2006, periodo en el que, de acuerdo con la Sala de Reconocimiento de Verdad, los imputados tenían funciones de mando y responsabilidad directa sobre lo que ocurría en los frentes guerrilleros.
La Sala concluyó que los exjefes participaron activamente en la definición de las políticas internas del grupo armado y no hicieron nada por frenar los abusos. Además, señaló que los menores perdieron el derecho a vivir una infancia plena y se les negó la posibilidad de construir su propia identidad.
"La niñez fue robada y convertida en un instrumento de guerra", aseguró el informe. Este proceso judicial es clave no solo para las víctimas, sino también para la memoria histórica de Colombia.
El vínculo de lso excomandantes con la justicia transicional
En su carta a la Jurisdicción Especial para la Paz, los seis exmiembros del secretariado reconocieron que el reclutamiento de menores fue una práctica sistemática que dejó secuelas irreparables.
Lejos de justificar sus actos, los excomandantes expresaron que ese pasado representa una "fuente de profundo sufrimiento" y afirmaron estar dispuestos a contribuir con una verdad útil que permita avanzar hacia la reparación integral de las víctimas. Su declaración forma parte del modelo de justicia transicional que busca esclarecer los crímenes más graves cometidos durante el conflicto armado en Colombia.
El proceso ante la JEP no solo exige el reconocimiento de los hechos, sino también el aporte a la verdad histórica y a la no repetición. Al asumir su responsabilidad, los exlíderes de las FARC abren la puerta a sanciones restaurativas, siempre que se mantenga su cooperación con el tribunal.
Para muchas víctimas, sin embargo, el dolor causado por la pérdida de la infancia y la violencia vivida hace difícil cualquier forma de reconciliación. El país sigue observando con atención cómo se desarrolla este capítulo crucial en la búsqueda de justicia y reparación.
