En esta noticia
En la mañana del viernes 28 de noviembre se confirmó un nuevo choque armado entre las disidencias de las Farc y el ELN en el sector de El Tarra, Catatumbo. De acuerdo con reportes preliminares de la comunidad, el enfrentamiento habría dejado un saldo de siete personas muertas y múltiples heridos.
Los combates iniciaron la noche del jueves 27 y se extendieron durante la madrugada, generando temor entre los habitantes. La intensidad de los disparos y las explosiones obligó a varias familias a resguardarse en sus viviendas ante el riesgo de quedar en medio del fuego cruzado.
Entre los fallecidos, los pobladores señalaron que estaría un presunto comandante del ELN, conocido con el alias el Cuyo. Su muerte podría afectar la estructura de mando del grupo guerrillero en la región, uno de los territorios estratégicos para las actividades ilegales.
¿Qué impacto tiene este nuevo choque en la comunidad del Catatumbo?
Los habitantes del sector denunciaron horas de zozobra e incertidumbre, debido al alto calibre de las confrontaciones. Solicitaron la intervención inmediata de las autoridades civiles y militares para evitar desplazamientos masivos y proteger a la población civil, que ha sufrido recurrentes afectaciones por la disputa territorial.
La región del Catatumbo ha sido escenario de repetidos enfrentamientos entre grupos armados por el control del narcotráfico y las rutas ilegales. La falta de presencia estatal extendida ha generado vulnerabilidad constante en municipios como El Tarra, Tibú, Hacarí y Sardinata.
¿Cuál es el contexto del conflicto entre estos grupos en Norte de Santander?
El choque más reciente revive la escalada violenta que comenzó en enero de este mismo año, cuando las disidencias del frente 33 de las Farc y el ELN se enfrentaron tras la masacre de una familia presuntamente cercana a la guerrilla. Ese hecho desencadenó una guerra de más de tres meses.
Un informe de la Gobernación de Norte de Santander reveló que en ese periodo se registraron 86 homicidios asociados a la disputa armada. Entre las víctimas se contabilizaron siete firmantes del Acuerdo de Paz, tres líderes sociales, cuatro menores de edad y decenas de habitantes.
Además, el conflicto provocó una grave crisis humanitaria: 57.318 personas fueron desplazadas y 19.488 permanecieron confinadas, sin posibilidad de movilizarse o acceder a servicios básicos.
