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El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, calificó como "muy grave" el decreto publicado la víspera por el presidente colombiano, Gustavo Petro. El mismo convoca para el próximo 7 de agosto una consulta popular con el fin de aprobar su reforma laboral ya rechazada por el Senado.
"Es grave, es muy grave que se pase por la faja (forro) al Congreso y, en cierta forma, se viole la separación de poderes en Colombia", manifestó el alcalde de la capital colombiana, con quien el presidente tiene serias diferencias políticas.
Galán se opone a Petro y le marca los límites de su decreto
En el decreto, el Gobierno argumenta que no se puede aplicar "por inconstitucional el acto mediante el cual el Senado de la República, en sesión del 14 de mayo de 2025, decidió dar concepto desfavorable frente a la consulta popular".
Por eso, el alcalde Galán subrayó en su declaración que al examinar "una decisión que toma el Congreso, el único encargado de determinar si hubo un vicio o no, no es el Ejecutivo sino la Rama Judicial, y la Rama Judicial no se ha pronunciado todavía si ese trámite tuvo o no un vicio".
"Es grave que se expida ese decreto", insistió Galán, y agregó que espera que las autoridades competentes, que deben ser el Consejo de Estado (máximo tribunal de lo contencioso administrativo) y la Corte Constitucional, dictaminen "si ese decreto tiene sustento de ley o no" y que "se haga rápido para garantizar la democracia y la separación de poderes en Colombia".
Petro llamo a la consulta popular por decreto contra los pedidos opositores
Petro firmó ayer el decreto 639 de 2025 con el que busca que el electorado apruebe la reforma laboral mediante una consulta popular ordenada por el Ejecutivo, desconociendo al Congreso.
El Senado rechazó en marzo pasado la reforma laboral de Petro y el 14 de mayo hizo lo mismo con la solicitud de consulta popular hecha por el presidente el 1 de mayo, por lo cual el mandatario decidió llamar a la consulta por decreto, algo que, en opinión de juristas, viola la Constitución porque el Ejecutivo no puede usurpar las funciones del Ejecutivo.
El decreto de Petro ha recibido una avalancha de críticas de la oposición, gremios y juristas que aseguran que es abiertamente inconstitucional. La oposición presentó ayer las primeras demandas judiciales contra el documento presidencial mientras el Gobierno insiste en que el decreto es válido.
-. Con información de EFE