Estaba claro que las declaraciones del senador Miguel Pichetto en contra de las operadoras telefónicas y, de alguna manera, también del proyecto de ley oficial Argentina Digital, no cayeron nada bien ni en varios despachos oficiales y menos aún entre las empresas acusadas por el jefe de bloque del Frente para la Victoria en la Cámara Alta.
En el ámbito empresario, además de asegurar que las telefónicas invirtieron miles de millones de pesos en desarrollar toda su infraestructura, comenzaron a criticar y cuestionar varios aspectos de la iniciativa que, supuestamente, debería beneficiarlas. Según pudo saber El Cronista, en el sector circula un documento elaborado en una de las telefónicas, en el cual se advierte que Argentina Digital "desalienta las inversiones".
Según el paper, la iniciativa "esconde disposiciones que lejos de posibilitar el acceso a la totalidad de los habitantes del país a los servicios de las comunicaciones y garantizar el derecho humano a ellas, como pregonan sus artículos 1 y 2, llevará a este dinámico sector a un estancamiento y crisis similares a los que presentan el resto de los servicios públicos".
Como argumento, el trabajo recuerda que el proyecto, que la oposición rebautizó como "Argentina Digitada", anuncia libertad de precios pero impone tarifas. En este sentido, se advierte que el proyecto regula "de manera confusa" una serie de servicios de telecomunicaciones, a algunos de los cuales califica de "servicios públicos" (los que se realicen entre licenciatarios), y al resto "de interés público". Además, el artículo 47 dispone que la autoridad de aplicación fijará los precios y tarifas de los primeros, y el artículo 48, establece que el mismo organismo podrá regular los valores de los servicios supuestamente libres, precisamente "por razones de interés público". Es así como se advierte que los precios de los servicios móviles y los de acceso a Internet serán regulados, cuando hasta ahora sólo la telefonía básica tenía valores controlados y congelados desde 2001.
Pero además del tema precios, el documento señala que Argentina Digital impulsa el desarrollo de las empresas estatales "a expensas de las privadas"; otorga potestades tributarias "inconstitucionales" a una autoridad de aplicación que todavía no se sabe cuál será, pero que tendrá poder absoluto y que, entre las operadoras, genera incertidumbre respecto al marco regulatorio.
Del informe, cuyos autores pidieron estricta reserva, también se desprenden críticas hacia supuestas "asimetrías" con los licenciatarios de servicios de comunicación audiovisual. "Se reafirman privilegios de las empresas de este sector en detrimento de las de telecomunicaciones", se señala.
Se asegura que "consagra amplias facultades a un órgano regulador indefinido, con total discrecionalidad y sin ninguna base legal, precios, condiciones de prestación y tributos". También acusa al Gobierno de conceder "considerables privilegios al competidor estatal; mantener asimetrías con empresas que prestan similares servicios". Y también anticipa que este contexto "provocará lo contrario a lo que dice promover ya que paralizará la vocación inversora de los particulares para el desarrollo de las redes de última generación".
