El presidente de los Estados Unidos Donald Trump se encuentra en el blanco de las críticas a nivel internacional por el accionar del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) durante las redadas y detenciones. Durante las últimas semanas, la entidad federal violó uno de los fallos históricos y más relevantes de la Corte Suprema que protege a los inmigrantes y su derecho al acceso a la educación.

El líder del partido Republicano aún no se pronunció en base a los últimos disturbios y se mantiene firme con la política de deportación masiva, como parte de su promesa de campaña electoral.

Corte Suprema: el Gobierno e ICE violan uno de los fallos más importantes para los inmigrantes

En Estados Unidos, el estatus migratorio de una persona es el factor que determina su legalidad o ilegalidad para permanecer en el país. Dentro de esta catalogación, también se determinaron los derechos a los que pueden acceder y cuándo las autoridades tienen la potestad de expulsarlos del territorio.

Sin embargo, los inmigrantes indocumentados, o hijos de personas sin estatus migratorio legal, están amparados por la Corte Suprema cuando se trata del acceso a la educación. El fallo Plyler v Doe, sancionado en 1982, estableció que todos los niños y jóvenes menores de edad tienen derecho al acceso a la educación pública, indistintamente de su estatus migratorio o el de sus padres.

“Las escuelas públicas no pueden negar la inscripción a estudiantes por su condición migratoria irregular, ya que esto viola la Equal Protection Clause de la 14th Amendment“, señala la normativa. De esta forma, que los niños indocumentados, o de padres indocumentados, no puedan asistir a clases por miedo a las intervenciones de ICE, puede considerar anticonstitucional en Estados Unidos.

Sin embargo, una normativa actualizada en enero del 2025 le permite a los agentes de ICE a llevar a cabo operaciones en escuelas.

Fin de las “Zonas seguras”: por qué ICE puede entrar a los colegios a partir de ahora

Desde enero de 2025, una de las protecciones más importantes que limitaban la presencia de agentes de inmigración en escuelas y otros espacios comunitarios quedó sin efecto.

La política conocida como “Protected Areas”, o áreas protegidas, que había sido establecida para restringir acciones de inmigración en lugares como colegios, hospitales, iglesias y centros comunitarios, fue formalmente revocada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

Esa política obligaba a ICE y a CBP a evitar realizar arrestos, entrevistas, búsquedas o vigilancia en lugares donde se brindan servicios esenciales para no obstaculizar el acceso de la comunidad a esos servicios.