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Un hombre guatemalteco de 43 años, Dorian Velásquez, perdió laciudadanía estadounidense tras ser acusado de fraude. Esto despertó la atención de inmigrantes en Estados Unidos, que deben estar alerta ante posibles fraudes de naturalización.
Este tipo de infracciones pueden tener graves consecuencias, ya que la legislación de Estados Unidos considera este fraude como un delito. Las penas pueden ser severas: pérdida de la ciudadanía, deportación y, en algunos casos, la prisión.
La ley de Inmigración y Nacionalidad frente al fraude
Según se informó, Velásquez proporcionó información falsa en un formulario presentado al Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS).
La Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA, por sus siglas en inglés) establece que todas las respuestas proporcionadas durante el proceso de naturalización tienen el valor de declaración jurada. Si una persona miente en cualquiera de las preguntas, el proceso completo queda sin efecto, dejando a la persona vulnerable a la pérdida de su ciudadanía.
Hace unos años, la USCIS actualizó su política en torno a las declaraciones falsas de ciudadanía estadounidense. La normativa establece que se comete fraude al proporcionar datos falsos sobre temas como su historial de entradas a Estados Unidos o antecedentes penales, y también al representar falsamente ser ciudadano estadounidense con el fin de obtener beneficios.
De acuerdo con esta legislación:
- Cualquier extranjero que se haga pasar por ciudadano de Estados Unidos para obtener beneficios puede ser considerado inadmisible o ser deportado.
- Las declaraciones falsas de ciudadanía son suficientes para que se inicie un proceso de deportación.
Procedimiento en caso de detección de fraude en la ciudadanía
Si bien los fraudes en la naturalización no son comunes, cuando las autoridades detectan una posible falsificación en el proceso, se inicia un procedimiento legal.
El primer paso es la emisión de una Notificación de Comparecencia (NTA), obligando a la persona a presentarse ante un tribunal de inmigración, donde un juez evaluará qué pasará con su ciudadanía.
El USCIS también remite pruebas al Departamento de Justicia (DOJ), y sus abogados deciden si proceden con un juicio civil para revocar la ciudadanía. En algunos casos, los acusados pueden enfrentar cargos criminales adicionales por fraude.