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Vender productos o cobrar servicios mediante billeteras virtuales puede implicar un paso obligatorio ante el fisco. El Servicio de Impuestos Internos (IRS) advirtió que omitirlo podría derivar en inspecciones o ajustes y, en determinados casos, hasta embargos.
La medida alcanza a quienes operan con apps de pago, marketplaces y tarjetas, incluso si se trata de actividades secundarias o ventas ocasionales con ganancia. No cumplir con la declaración correspondiente puede activar revisiones y ajustes en la próxima declaración de impuestos.
¿Qué trámite deben realizar ciudadanos y extranjeros tras usar estas billeteras virtuales?
El trámite clave es revisar y reportar correctamente el Formulario 1099-K, que detalla los pagos recibidos por la venta de bienes o la prestación de servicios. Este documento es emitido por procesadores de tarjetas, apps de pago y mercados en línea, que deben enviarlo tanto al contribuyente como al IRS antes del 31 de enero del año fiscal correspondiente.
¿Quiénes pueden recibir el 1099-K?
- Quienes acepten pagos directos con tarjeta de crédito, débito o regalo.
- Usuarios de billeteras virtuales o marketplaces que superen los u$s 20.000 y más de 200 transacciones en el año.
- Vendedores en plataformas de viajes compartidos, reventa de entradas, crowdfunding o trabajos freelance.
Aunque no se alcance ese umbral, algunas plataformas pueden emitir el formulario igual. En todos los casos, los ingresos deben declararse.
¿Qué pagos no se investigan y cómo evitar problemas con el IRS?
No todos los movimientos generan obligaciones fiscales. Los pagos personales enviados por familiares o amigos —como regalos, reembolsos de renta o dividir una cena— no constituyen ingresos imponibles y no deberían figurar como actividad comercial en el 1099-K.
Para evitar errores, el IRS recomienda marcar las transferencias como “personales” dentro de la app cuando sea posible y conservar registros propios. Incluso si no se recibe el formulario, cualquier ingreso por ventas o servicios debe incluirse en la declaración anual para evitar auditorías o sanciones posteriores.
