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En el marco de un marcado crecimiento de las políticas anti inmigración, la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, ha firmado una Directiva Ejecutiva que prohíbe formalmente a los agentes del Servicio de Inmuebles y Control de Aduanas (ICE) utilizar propiedades o recursos de la ciudad para sus operaciones de control migratorio.

Esta medida busca establecer una barrera clara entre las funciones municipales y las autoridades migratorias federales, garantizando que los residentes, independientemente de su estatus legal, puedan acceder a servicios básicos sin temor a ser detenidos.

Esto es lo que cambia en los edificios públicos de Los Ángeles

La nueva directiva establece restricciones estrictas sobre cómo y dónde pueden operar las autoridades federales dentro del tejido administrativo de la ciudad. Según la orden de Bass, ningún departamento municipal podrá colaborar con ICE en la identificación, detención o arresto de personas por infracciones migratorias civiles.

Además, el decreto prohíbe que agentes de inmigración tengan acceso a áreas de instalaciones municipales que no estén abiertas al público en general. Esta protección se extiende a oficinas de servicios sociales, centros comunitarios y edificios administrativos, reforzando la confianza de la comunidad latina en las instituciones locales.

La política tiene un plan para detener las acciones del ICE.
La política tiene un plan para detener las acciones del ICE.

Blindaje ante cambios en la política federal

El anuncio de Bass no es casualidad; ocurre en un clima de creciente tensión política sobre la seguridad fronteriza y las deportaciones. Al firmar esta directiva, la alcaldesa asegura que los recursos de los contribuyentes de Los Ángeles no se utilicen para separar familias o facilitar las tareas operativas de las agencias federales de inmigración.

“Nuestra ciudad debe ser un lugar donde todos se sientan seguros al interactuar con el gobierno local”, señaló la administración, enfatizando que la prioridad es la seguridad pública integral y no la persecución migratoria.

Con esta acción, Los Ángeles se posiciona nuevamente a la vanguardia de la defensa de los derechos civiles en Estados Unidos, enviando un mensaje directo sobre la autonomía de la ciudad frente a las presiones externas en materia de control de fronteras.