El Servicio de Impuestos Internos (IRS) de los Estados Unidos inició la temporada fiscal 2026 para recibir las declaraciones de impuestos de todos los contribuyentes, ya sean ciudadanos estadounidenses o residentes permanentes. Sin embargo, se puso en marcha una medida que determina que no serán aceptados los formularios que no respondan a una orden ejecutiva fundamental.

Todos los años, las autoridades fiscales habilitan esta temporada, con un largo plazo de tiempo, para que los contribuyentes declaren sus ganancias y sus bienes. Asimismo, emite los créditos correspondientes a los beneficiarios elegibles.

Atención contribuyentes: la nueva orden ejecutiva que impacta en los beneficios del IRS

Las autoridades del IRS administran las declaraciones de impuestos de todas las personas que cuentan con una propiedad en los Estados Unidos, trabajan de forma legal y gestionan sus ingresos en el país, esto incluye a residentes legales e inmigrantes con permisos de permanencia temporal.

A través del sitio oficial, la entidad de impuestos anunció que rige la Orden Ejecutiva 14224, Designación del inglés como el idioma oficial de los Estados Unidos a la hora de completar el formulario 1040. Es decir, se destaca que “la versión en inglés de todo documento es la versión oficial de toda información”.

De esta forma, todos los contribuyentes cuyo idioma principal sea el español o cualquier otro que no sea el inglés, no podrán presentar su declaración en un idioma distinto al inglés.

Qué significa que el inglés es el idioma oficial de Estados Unidos

La Orden Ejecutiva 14224, firmada por Donald Trump, establece que el inglés pasa a ser el idioma oficial de los Estados Unidos a nivel federal. La medida dispone que el idioma inglés sea el principal medio de comunicación en documentos, trámites y servicios del Gobierno federal, con el objetivo declarado de reforzar la unidad nacional y simplificar la administración pública.

Esto no elimina automáticamente el uso de otros idiomas ni prohíbe la asistencia lingüística, pero sí marca un cambio de criterio en la política federal, ya que limita la obligación de ofrecer servicios multilingües de manera generalizada. A partir de esta orden, cada agencia federal puede decidir cuándo y cómo brindar traducciones o asistencia en otros idiomas, siempre que no exista una ley que lo exija expresamente.