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El Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha confirmado la implementación de visitas casa por casa dirigidas a contribuyentes de la tercera edad. Esta medida busca verificar el correcto cumplimiento de las obligaciones tributarias y corroborar que los pensionados declaren adecuadamente sus ingresos ante el fisco mexicano.
La confirmación oficial implica que los adultos mayores jubilados no están exentos de los procedimientos de revisión fiscal. Mientras mantengan su estatus como contribuyentes activos, la legislación tributaria los sujeta a estas verificaciones domiciliarias que realiza la autoridad fiscal.
Razones de las visitas del SAT a jubilados
El SAT se basa en el artículo 42 del Código Fiscal de la Federación, el cual respalda legalmente los procedimientos administrativos de fiscalización. Esta normativa otorga al organismo la facultad de presentarse en el domicilio de cualquier contribuyente, ya sea persona física o moral, cuando existan motivos justificados para verificar la veracidad de la información proporcionada en sus declaraciones.

Esta disposición permite al SAT llevar a cabo visitas domiciliarias con el objetivo de asegurar el cumplimiento de las obligaciones fiscales de los contribuyentes.
Derechos fundamentales durante la visita del SAT
Los pensionados tienen derechos específicos durante el proceso de fiscalización. Estos derechos incluyen:
- ser informados clara y detalladamente sobre sus derechos y obligaciones fiscales
- recibir la Carta de Derechos del Contribuyente Auditado, documento que detalla todas sus garantías legales durante la revisión.
- corregir su situación fiscal presentando una declaración normal o complementaria desde el inicio de la revisión hasta antes de que se notifique la resolución con el monto de contribuciones omitidas
- solicitar la conclusión de la visita si la autoridad determina que todas las obligaciones han sido subsanadas.
Consultoría sin costo y plazos legales
La Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores consagra en su artículo 5, fracción II, inciso c, el **derecho fundamental a recibir asesoría gratuita**. Este recurso resulta invaluable para los pensionados que enfrentan procesos de fiscalización y necesitan **orientación profesional sin costo adicional**.
Este derecho no solo garantiza el acceso a información relevante, sino que también promueve la autonomía y dignidad de las personas adultas mayores en situaciones complejas. La asesoría gratuita se convierte en un pilar esencial para asegurar que sus derechos sean respetados y que puedan tomar decisiones informadas.
Si el pensionado no corrige completamente las inconsistencias detectadas, el SAT emitirá una resolución y podría aplicar multas. Las sanciones pueden alcanzar el 20% del monto omitido si el pago se realiza antes de la notificación del acta final, o el 30% si el pago se efectúa después de la notificación pero antes de la liquidación.
Es posible solicitar facilidades de pago a plazos hasta por 36 meses o diferido hasta por 12 meses, siempre garantizando el interés fiscal correspondiente. La ley establece un plazo máximo de seis meses para que las autoridades determinen las contribuciones omitidas; si este periodo expira sin resolución, se considerará que no existe deuda fiscal por el periodo revisado.

