El Gobierno anunció ayer que intensificará los controles para prevenir el lavado de dinero con un nuevo sistema que permitirá a los agentes de la Unidad de Información Financiera (UIF) supervisar las operaciones mediante inspecciones en las propias empresas u organismos. La movida apunta a chequear que firmas e individuos de diversos rubros cumplan efectivamente con los procedimientos establecidos para evitar el lavado de dinero proveniente de actividades ilícitas.

“Se resolvió supervisar, mediante inspecciones in situ que realizarán agentes designados por el organismo, el cumplimiento de normas destinadas a la prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo. Según prescribe la resolución 104/10 suscripta por el presidente de la UIF, José Sbattella, los procedimientos se sustanciarán en forma actuada, es decir que el equipo supervisor controlará, en persona, la observación de medidas de prevención por parte de los sujetos obligados a reportar operaciones sospechosas de canalizar activos provenientes de delitos, y labrará las actas correspondientes , indicó un comunicado emitido ayer por la UIF.

En caso de encontrar irregularidades, la norma estipula multas que van de una a diez veces el valor de los bienes u operación en cuestión. La legislación argentina considera “operaciones sospechosas a todas las transacciones inusuales, sin justificación económica o jurídica, o “irrazonablemente complejas . Los bancos, contadores públicos y escribanos están obligados a reportar todas estas operaciones a la UIF para su análisis.

Desde el organismo que dirige José Sbatella se aclaró que la nueva resolución apunta a reforzar la prevención del lavado de dinero, no el acto en sí (que ya está penado). Lo que se intenta comprobar es si efectivamente se cumplen los procedimientos para evitar estas maniobras.

En la mira de la UIF están quienes explotan juegos de azar (casinos en su mayoría); los agentes y sociedades de bolsa; los registros públicos de comercio, propiedad inmueble y automotor; quienes se dedican a la compraventa de obras de arte, antigüedades, bienes suntuarios y joyas; los operadores de tarjetas de crédito; los transportistas de caudales; y los productores de seguros, entre otras actividades.

La UIF está facultada para solicitar datos y documentación a cualquier organismo público, requerir colaboración a los servicios de información del Estado y disponer sistemas de contralor a los sujetos obligados.

Al fundamentar su resolución, Sbattella sostuvo que, para el ejercicio del “poder de policía que detenta la UIF, “resulta necesario disponer un procedimiento de supervisión del cumplimiento de las normas anti-lavado, a fines de evaluar la eficacia del sistema.

El Gobierno intenta con esto adecuarse a las normas que emite el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). Este organismo, en mayo último emitió un informe en el cual cuestiona los procedimientos en la Argentina para combatir el lavado de dinero. El documento se basa en una visita que expertos realizaron en 2009 a la Argentina, y advierte sobre el incumplimiento por parte del país de recomendaciones del organismo internacional.

Si la Argentina no comienza a cumplir con las pautas que establece el GAFI, en octubre este organismo podría optar por poner el país en la “lista gris , en un nivel similar al que hoy tienen otras naciones como Paraguay y Bolivia.

El GAFI es un cuerpo intergubernamental que busca promover y desarrollar políticas locales y globales para combatir el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo.

Otra medida que estudia emitir la UIF es penar la figura del “autolavado , que hasta ahora no tiene castigos en la Argentina. Se espera que esta norma salga a la luz antes de fin de año.